Zapatero pide al Constitucional que anule la ley de consultas de Ibarretxe
01/10/2010 - 09:45
Unos 12 minutos. Ése fue el tiempo que transcurrió desde que el Gobierno supo de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco hasta que el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, se presentó en el registro del Constitucional con el recurso, de acuerdo al relato que hizo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también subrayó la prontitud de movimientos y se felicitó de que la maquinaría de la administración haya actuado desde el minuto uno. La celeridad gubernamental será correspondida por el tribunal, cuyo pleno se reunirá esta misma semana para admitir a trámite el recurso, con la consiguiente suspensión de la ley de consultas.
El escrito de 31 páginas sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación de las distintas modalidades de referéndum y, además, pretende marginar al Estado de una competencia exclusiva suya, como es la autorización de una consulta popular. Considera asimismo que la consulta regulada por la ley impugnada es, con toda claridad, un referéndum consultivo, una apreciación dirigida a desmontar uno de los ejes argumentales del lehendakari Juan José Ibarretxe, quien ha repetido hasta la saciedad que su convocatoria es para realizar una consulta popular no vinculante, y en ningún caso un referéndum.
Los servicios jurídicos defienden que los referendos consultivos autonómicos no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice, planteamiento que amparan en los artículos 92 de la Constitución y 6 de la ley orgánica de referendos, y por ello la consulta que impulsa el Ejecutivo de Ibarretxe en los términos que está planteada no está sujeta a la preceptiva autorización del Estado con lo que vulnera claramente las disposiciones constitucionales y legales vigentes. El recurso recuerda también que el propio Estatuto de Gernika recoge en su artículo 46 que el Gobierno vasco podrá ser facultado por delegación expresa del Estado para convocar referendos sólo cuando se trate de reformas estatutarias.
Indisoluble
La Abogacía del Estado apunta también que la segunda pregunta que el presidente del Ejecutivo de Vitoria pretende someter a plebiscito, la referida al ejercicio del derecho a decidir, viola los artículos 1 y 2 de la carta magna, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español, y no a una parte del mismo. El interrogante, por otra parte, atenta a la unidad de la nación española que, según el texto constitucional, es indisoluble. Los servicios jurídicos alegan que cada organización territorial dotada de autonomía, esto es las comunidades autónomas, es una parte del todo y en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido.
El tercer pilar del recurso gubernamental descansa sobre la vulneración del reglamento del Parlamento vasco al tramitar la ley por el procedimiento de lectura única ya que ese trámite para una norma de ese tipo supone una restricción radical de los derechos de examen, debate y enmienda de los parlamentarios y es un fórmula legislativa absolutamente excepcional, que en este caso se ha aplicado de forma indebida e inadecuada.
El recurso del Gobierno de Rodríguez Zapatero huye, a diferencia del presentado por el PP, de las apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica sin margen para otro tipo de reflexiones. La Abogacía del Estado, como es lógico, solicita que el Constitucional estime la impugnación y declare, por tanto, inconstitucional y nula la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. De momento, el tribunal tendrá que decidir si lo admite a trámite, resolución que tomará en las próximas horas, y si lo acepta la norma vasca quedará suspendida desde ese momento y durante cinco meses.
Convencidos de la respuesta del Tribunal
El Gobierno no alberga la menor duda de que ése va a ser el recorrido. El ministro del Interior dijo tener la convicción de que así será porque, a su juicio, no admite discusión que Ibarretxe no está autorizado para convocar consultas por su cuenta. Los gobernantes resaltó- no pueden hacer nada para lo que no están autorizados, es la esencia de la democracia. Fernández de la Vega, a su vez, indicó que los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros porque no habrá consulta ya que nadie va a vulnerar los límites del Estado de Derecho.
El titular de Justicia confió que impere el sentido común entre los gobernantes vascos y que el disparate de la consulta acabe hoy pues ya ha sido suficiente.
El escrito de 31 páginas sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación de las distintas modalidades de referéndum y, además, pretende marginar al Estado de una competencia exclusiva suya, como es la autorización de una consulta popular. Considera asimismo que la consulta regulada por la ley impugnada es, con toda claridad, un referéndum consultivo, una apreciación dirigida a desmontar uno de los ejes argumentales del lehendakari Juan José Ibarretxe, quien ha repetido hasta la saciedad que su convocatoria es para realizar una consulta popular no vinculante, y en ningún caso un referéndum.
Los servicios jurídicos defienden que los referendos consultivos autonómicos no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice, planteamiento que amparan en los artículos 92 de la Constitución y 6 de la ley orgánica de referendos, y por ello la consulta que impulsa el Ejecutivo de Ibarretxe en los términos que está planteada no está sujeta a la preceptiva autorización del Estado con lo que vulnera claramente las disposiciones constitucionales y legales vigentes. El recurso recuerda también que el propio Estatuto de Gernika recoge en su artículo 46 que el Gobierno vasco podrá ser facultado por delegación expresa del Estado para convocar referendos sólo cuando se trate de reformas estatutarias.
Indisoluble
La Abogacía del Estado apunta también que la segunda pregunta que el presidente del Ejecutivo de Vitoria pretende someter a plebiscito, la referida al ejercicio del derecho a decidir, viola los artículos 1 y 2 de la carta magna, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español, y no a una parte del mismo. El interrogante, por otra parte, atenta a la unidad de la nación española que, según el texto constitucional, es indisoluble. Los servicios jurídicos alegan que cada organización territorial dotada de autonomía, esto es las comunidades autónomas, es una parte del todo y en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido.
El tercer pilar del recurso gubernamental descansa sobre la vulneración del reglamento del Parlamento vasco al tramitar la ley por el procedimiento de lectura única ya que ese trámite para una norma de ese tipo supone una restricción radical de los derechos de examen, debate y enmienda de los parlamentarios y es un fórmula legislativa absolutamente excepcional, que en este caso se ha aplicado de forma indebida e inadecuada.
El recurso del Gobierno de Rodríguez Zapatero huye, a diferencia del presentado por el PP, de las apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica sin margen para otro tipo de reflexiones. La Abogacía del Estado, como es lógico, solicita que el Constitucional estime la impugnación y declare, por tanto, inconstitucional y nula la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. De momento, el tribunal tendrá que decidir si lo admite a trámite, resolución que tomará en las próximas horas, y si lo acepta la norma vasca quedará suspendida desde ese momento y durante cinco meses.
Convencidos de la respuesta del Tribunal
El Gobierno no alberga la menor duda de que ése va a ser el recorrido. El ministro del Interior dijo tener la convicción de que así será porque, a su juicio, no admite discusión que Ibarretxe no está autorizado para convocar consultas por su cuenta. Los gobernantes resaltó- no pueden hacer nada para lo que no están autorizados, es la esencia de la democracia. Fernández de la Vega, a su vez, indicó que los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros porque no habrá consulta ya que nadie va a vulnerar los límites del Estado de Derecho.
El titular de Justicia confió que impere el sentido común entre los gobernantes vascos y que el disparate de la consulta acabe hoy pues ya ha sido suficiente.