A vueltas con el déficit

El lunes nos desayunábamos con malas noticias económicas para la región, aunque lamentablemente, no nos pillaban por sorpresa. Según la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado las comunidades autónomas registraron un déficit superior al objetivo que se había fijado el Ejecutivo para el conjunto del año, y Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,84%, tenía el dudoso honor de encabezar el raking nacional. La polémica estaba, de nuevo, encima de la mesa. No era la primera vez, ni será la última, que la actualidad económica marca la agenda política y esta semana es el caso. Porque más allá de los argumentos ya escuchado de los dispendios del anterior Gobierno autonómico y el endeudamiento que eso ha supuesto para las arcas castellano-manchegas, ayer se discutía sobre qué pasa con los presupuestos regionales y sobre el déficit acumulado en el tercer trimestre, momento en el que Mª Dolores de Cospedal ya había tomado las riendas del Gobierno autonómico. Es cierto que Castilla-La Mancha ha terminado el tercer trimestre del año con un déficit del 4,84 %, el más alto de España y muy superior al 1,3 % autorizado para las comunidades autónomas para todo el año. Pero también lo es que ha crecido a un ritmo mucho menor que en los primeros meses del año, pues la región cerró el primer semestre del año con un 4,19 % de desequilibrio que también la colocaban a la cabeza nacional. El motivo de la reducción: que los gastos se han ceñido a lo “indispensable” y la previsión de la Junta es que se cierre el ejercicio con un déficit por encima del 9 por ciento, lo que supone una reducción de un 50% respecto al acumulado de junio. Mientras, el Gobierno regional asume que tendrá que prorrogar el presupuesto de este año durante los primeros meses del próximo ante la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que le impedirá aumentar su límite de endeudamiento, y por tanto tampoco podrá ejecutar de momento la ampliación del presupuesto actual para pagar deudas contraídas y nóminas de empleados públicos. Hay que seguir apretándose el cinturón y el PP ya anuncia un nuevo ahorro de 350 millones de euros en la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios. Los tiempos se complican.