No es asunto fácil pero el traspaso de poderes no debe ser tan crispado como para que los ciudadanos perciban intereses partidistas en las declaraciones públicas. A tan sólo unos días de la toma de posesión como presidenta provincial de la popular Ana Guarinos, las diferencias en torno a la situación de las arcas de la Diputación vuelven a resurgir. Era a principios de mes, ya pasada la vorágine de fuego cruzado en Toledo acerca del estado de las cuentas regionales, cuando PSOE y PP se enzarzaban en acusaciones similares a nivel provincial. Entonces, la actual presidenta en funciones, Mª Antonia Pérez León, dejaba claro su objetivo de no enturbiar el traspaso y se ponía a disposición de la futura presidenta, mientras que desde el PP, el portavoz actual del Grupo popular en Diputación, Mario González Somoano, se mostraba partidario de nombrar una comisión para, de alguna forma, facilitar la entrada del nuevo equipo de Gobierno de Diputación y conocer cómo encontraban las obras y el tema económico. Las formas se van mantenido aunque no hay tan buena sintonía como se podría esperar. Sin embargo, es el asunto económico el que ha hecho saltar la polémica de nuevo, algo que por otra parte, era previsible. Mientras que los socialistas aseguran que la Institución tiene suficientes fondos como para hacer frente al pago de nóminas y proveedores durante lo que resta de año, los populares se descuelgan con que la deuda de la Diputación ha crecido un 52 por ciento en los últimos seis meses. Las cifras bailan dependiendo de quién las dicte y mientras tanto se genera un ambiente hostil para el verdadero traspaso de poderes que tendrá lugar el miércoles. Esperemos que la sangre no llegue al río y que una vez iniciada la legislatura cada uno ocupe su sitio y gestione su papel sin decepcionar a los ciudadanos que les hayan votado.
