Argumento suficientemente sólido

Según Enrique Múgica de los 58 centros existentes en España, se habían investigado 27 y en más de la mitad de ellos, la situación se calificaba como “preocupante”. Lo cierto es que el Defensor del Pueblo realizó esta investigación tras recibir un considerable y creciente número de quejas de padres alarmados por la situación de sus hijos. Se denunciaba que entre las paredes de estas instituciones se producían agresiones, maltratos, aislamientos sin supervisión judicial, limitaciones para ir al colegio o salir a la calle, registros intimidantes, e incluso, medicaciones forzosas. Pero, más allá de lo reflejado en ese informe, y de la veracidad parcial que podría tener una investigación que se habría basado en las entrevistas con los menores, lo que se ponía de relieve era la necesidad de una intervención por parte de los poderes públicos, que durante años han permitido inconscientemente que supuestas fundaciones o asociaciones, que gestionan los centros, conviertan la protección de menores en una actividad económica a costa del bienestar de la infancia maltratada. Éste debería ser un argumento lo suficientemente sólido como para hacernos reflexionar acerca de qué está ocurriendo en los centros en los que supuestamente se educa a estos chicos y exigir que se tomen medidas penales y administrativas para los que hayan consentido los malos tratos. Ofrecer una solución a este problema, del que dicen que sólo se conoce la punta del iceberg, es complicado pero habría que empezar por crear, en este ámbito, un reglamento común entre las comunidades autónomas para evitar la disparidad de situaciones y protocolos denunciada por el Defensor del Pueblo.