Autodeterminación

Ciertamente, en un documento fechado el 14 de diciembre de 1960, Naciones Unidades instaura el derecho de autodeterminación al objeto de impulsar la emancipación de numerosos países de África y Asia, sometidos o tutelados por las potencias europeas. En el espíritu y en la letra de esta resolución queda meridianamente claro que la aplicación de tal derecho se refiere en exclusiva a situaciones de colonialismo o de ocupación militar, circunstancias por desgracia muy frecuentes en aquella época y que se arrastran todavía como los casos irresueltos de Palestina y el Sahara Occidental. Tanto es así, que previendo el legislador posibles interpretaciones torcidas o interesadas, establece con rotundidad en el mismo documento citado el siguiente párrafo: «Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». Quienes se cargan de razón e invocan con tanto fervor el derecho de autodeterminación, deberían leerse con mayor detenimiento la resolución de Naciones Unidas que se comenta, donde comprobarán que el derecho internacional no les ampara en absoluto en el contexto político del Estado Español. Es más, sus aspiraciones deben considerarse no sólo un error político, sino como un flagrante delito contra la Carta de Naciones Unidas.
Pero es que además, ni la Unión Europea, de la cual formamos parte, ni las constituciones nacionales de los países que la integran, contemplan el derecho de autodeterminación. Es por ello un dislate mayúsculo, impropio de políticos a quienes se les supone algún discernimiento, afirmar tan alegremente que la Constitución española tiene un «déficit democrático».
Por otra parte, se da la curiosa paradoja de que mientras los nacionalistas catalanes reclaman con machacona insistencia el derecho de autodeterminación al Estado español, no hemos oído jamás a nadie de estas formaciones políticas hallarse dispuesto a conceder el citado derecho a las provincias, comarcas o ciudades catalanas respecto a Cataluña. Más bien al contrario, exigen la anexión de Valencia, Baleares, parte de Aragón y otros territorios franceses. Imperialismo puro y duro.