Competencias municipales

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzaba ayer a diseñar la reforma de los ayuntamientos con una reunión del grupo de trabajo en la que se analizaba el informe que le ha remitido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con sus propuestas para las corporaciones locales. El objetivo está claro: evitar las duplicidades en la prestación de servicios por varias administraciones y buscar una racionalización en su funcionamiento. Aunque lo que no lo está tanto es la situación en la que podrían quedar muchos núcleos (los de menor población) al desaparecer su estructura administrativa. Aún no se ha marcado a partir de qué población podría implantarse el sistema que implicaría la cesión de competencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión  a entidades mayores como diputaciones. Habrá de ser el Ministerio de Hacienda, al parecer, quien fije un umbral por debajo del cual los municipios serían anexionados. Durante las últimas horas se han escuchado todo tipo de conjeturas desde los 20.000 habitantes a los 5.000 e incluso los 1.000. De aplicarse el menor de los rátios, en Guadalajara solo se conservarían 33 ayuntamientos de los 288 existentes, lo que supondría la supresión de 256 consistorios, que totalizan el 90% de las corporaciones. Esa cifra da una idea de lo que supondría esta medida para un entorno rural en el que se agrupa la mayor parte de la población provincial. No olvidemos, que si no se tiene en cuenta el Corredor del Henares, en el resto de la provincia se asientan apenas 100.000 habitantes. Es cierto que el Ejecutivo de Rajoy lo que busca es redefinir las competencias municipales y aprovechar las economías de escala para abaratar la prestación de los servicios públicos de carácter básico. Si tenemos en cuenta que los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman “competencias impropias” podría entenderse que la reforma no solo es beneficiosa sino necesaria. Pero como toda moneda, tiene su cara y su cruz, y es que esta racionalización no puede pasar por la eliminación de estos servicios o el descuido de los mismos para los que viven en los núcleos más pequeños. Eso acabaría llevando, irremediablemente a un nuevo éxodo en el mundo rural y a una nueva era de despoblación y abandono.