Controladores bajo control

Cuesta encontrar calificativos, sin perder la compostura, para la acción llevada a cabo por los controladores españoles, cuya huelga salvaje dejó sin aviones el espacio aéreo del país, solo restablecido una vez que los controladores cedieron ante el estado de alarma declarado por el Gobierno. El Ejecutivo de Zapatero ha reaccionado con energía y contundencia y, a la espera de que las autoridades judiciales aclaren bien todo lo sucedido, sólo cabe valorar positivamente su determinación, en defensa de cientos de miles de viajeros y del conjunto de la economía del país, cuya dependencia del turismo es bien conocida. Si bien lo prioritario ahora es restablecer la normalidad, para lo cual el Gobierno tuvo que recurrir a declarar el estado de alarma por primera vez en 35 años de democracia, no deja de inquietar la grave insinuación realizada por el 'número 4' del PSOE, Gaspar Zarrías, a propósito de la actitud del PP ante este conflicto. Y máxime cuando está en juego la imagen de España en el mundo, en unos momentos sumamente delicados para la financiación de su deuda, que por cierto no es solo pública, sino también privada. Por muy legítimas que sean las quejas de los controladores sobre la nueva regulación de su trabajo por parte del Consejo de Ministros, es evidente que no lo es responder con el abandono de los puestos de trabajo. El ministro de Fomento, José Blanco, describió claramente la situación creada al calificar el paro como un chantaje que tomaba como rehenes a los ciudadanos. Los controladores, unos trabajadores privilegiados cuyos sueldos escandalizan a toda la sociedad, quedan ahora sujetos a posibles despidos disciplinarios que recuerdan las medidas tomadas por el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, en circunstancias similares, ante las que tampoco le tembló el pulso. Los descontrolados controladores están ahora bajo control. Y nada menos que militar, ya que como señala el decreto del Gobierno, los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de Aena ejercerán sus atribuciones bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire. Mientras, la Fiscalía del Estado investiga posibles delitos de sedición, que entrañan penas de cárcel e inhabilitación. En realidad, visto lo visto, no cuesta tanto encontrar calificativos para la huelga salvaje de los controladores españoles. Se (des) califican por sí solos.