Cuatro años de dolor
01/10/2010 - 09:45
Editorial
Hoy, cuatro años después del trágico incendio de los Pinares del Ducado, aún quedan brasas de esas que ni siquiera el tiempo ha podido apagar. Lloradas las muertes de los 11 retenes, llegó el momento de buscar las responsabilidades y es ahí donde parece que no se alcanza el final.
Un farragoso proceso judicial que pretende esclarecer quiénes fueron los culpables y cuáles fueron las causas se ha convertido en arma arrojadiza que sirve, haya o no elecciones a la vista, para buscar una rentabilidad política a costa de seguir destrozando la vida de los familiares que aquel 17 de julio de 2005 perdieron a sus seres queridos mientras apagaban un terrible fuego.
El juicio sigue abierto y, las heridas, sin cicatrizar. Unas heridas en las que se hurga sin pretexto, y sin vergüenza, en busca de unos réditos que están envolviendo la situación de sinrazones. De no ser así, ¿cómo se explica que el Partido Popular exija penas de hasta siete años para los técnicos imputados tres para sus autores- cuando la Fiscalía entiende que no se puede acusar de delito de incendio forestal por imprudencia a las personas que, precisamente, trataron de atajarlo? ¿Entra dentro de la lógica que se soliciten penas más altas para las personas que intentaron apagar el fuego que para aquellas que lo provocaron? ¿Por qué no se tiene en cuenta el informe pericial pedido por la propia jueza en el que dos técnicos del Colegio de Ingenieros Forestales concluyen que no hubo negligencia? ¿A cuento de qué las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una resolución en la que se solicitaba a los letrados de las defensas el sobreseimiento de las actuaciones seguidas frente a determinadas personas? Es cierto que este horrible suceso se debió afrontar de otro modo desde el primer momento. Ahora, el daño causado no tiene reparo y con la dilación del proceso y los enfrentamientos políticos lo único que se consigue es prolongar y agudizar el dolor. Es terriblemente injusto que 11 trabajadores fallecieran en aquel trágico suceso y, en menor medida, pero igualmente injusto, que, cuatro años después, los tribunales de justicia aún no hayan dictado sentencia.
El juicio sigue abierto y, las heridas, sin cicatrizar. Unas heridas en las que se hurga sin pretexto, y sin vergüenza, en busca de unos réditos que están envolviendo la situación de sinrazones. De no ser así, ¿cómo se explica que el Partido Popular exija penas de hasta siete años para los técnicos imputados tres para sus autores- cuando la Fiscalía entiende que no se puede acusar de delito de incendio forestal por imprudencia a las personas que, precisamente, trataron de atajarlo? ¿Entra dentro de la lógica que se soliciten penas más altas para las personas que intentaron apagar el fuego que para aquellas que lo provocaron? ¿Por qué no se tiene en cuenta el informe pericial pedido por la propia jueza en el que dos técnicos del Colegio de Ingenieros Forestales concluyen que no hubo negligencia? ¿A cuento de qué las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una resolución en la que se solicitaba a los letrados de las defensas el sobreseimiento de las actuaciones seguidas frente a determinadas personas? Es cierto que este horrible suceso se debió afrontar de otro modo desde el primer momento. Ahora, el daño causado no tiene reparo y con la dilación del proceso y los enfrentamientos políticos lo único que se consigue es prolongar y agudizar el dolor. Es terriblemente injusto que 11 trabajadores fallecieran en aquel trágico suceso y, en menor medida, pero igualmente injusto, que, cuatro años después, los tribunales de justicia aún no hayan dictado sentencia.