Del ámbito político al judicial

Ya lo adelantó hace unos meses y ayer confirmaba que sus palabras no se las lleva el viento. La presidenta castellano-manchega, María Dolores Cospedal reafirmaba ayer, en una entrevista, que su Ejecutivo ha presentado una denuncia ante los tribunales contra el anterior Gobierno por la destrucción de documentos y archivos informáticos de la Junta. El asunto no es baladí y fue objeto de continuos enfrentamientos antes de que el curso político se ralentizase con motivo del periodo estival. Pero la vuelta a la normalidad trae consigo la reanudación del enfrentamiento entre los grandes partidos de nuestra región. En el actual equipo de Gobierno no disimulan que todo apunta a que, tras el terremoto electoral del 22-M, el gabinete de Barreda destruyó todo aquello que pudiera poner en evidencia la ruina económica en la que se encontraba Castilla-La Mancha, mientras que para los socialistas la denuncia que se ha presentado ante los tribunales por la supuesta destrucción de documentos es un rasgo de “venganza” al no haberse contentado, la también secretaria general del PP, con la victoria electoral. Lo cierto es que la mandataria regional ha explicado que según les ha informado por escrito el jefe de los servicios informáticos de la Junta de Comunidades “hay archivos que se han borrado, que han desaparecido y han hecho desaparecer, incluso, la copia de seguridad, que es obligatoria por ley”. Y es que esta operación de levantado de alfombras en la que la jefa del Ejecutivo ha escogido a personal que ya trabajaba en el anterior gabinete, en aras de la transparencia, parece corroborar la denuncia hecha ya en junio por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ante la Fiscalía General del Estado. Según se desprendía de la misma, la presunta conducta delictiva se encuadraba en el artículo 413 del Código Penal que está dentro del capítulo referido a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Según el sindicato, esa infidelidad en la custodia podría haber servido para tapar otras conductas poco lícitas. Por ahora, esta polémica trasciende el ámbito político para pasar al judicial. El tiempo y los jueces, darán o quitarán, razones.