Día Mundial de la Libertad de Prensa
En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) hace un llamamiento a los poderes públicos para que abandonen todo intento de limitar el ejercicio del periodismo mediante leyes expresamente elaboradas con ese fin y respeten la independencia de los periodistas en el tratamiento de las informaciones. La FAPE convoca a los periodistas a rechazar las campañas orquestadas, vengan de donde vengan, que tratan de cuestionar el libre ejercicio de nuestra profesión. La FAPE llama igualmente a la sociedad civil para que exija respeto universal a la libertad de prensa, un derecho fundamental consagrada por la Constitución y que es una garantía imprescindible de la buena salud de nuestra democracia.
La FAPE constata que en los últimos meses se han registrado en España algunas iniciativas políticas destinadas a levantar barreras a la libertad de información y de expresión, cuyo objetivo es minar la credibilidad de los profesionales y condicionar a los intereses de los partidos los principios de veracidad, objetividad, imparcialidad y pluralidad que deben regir la tarea periodística. De todas estas iniciativas, la más perjudicial para la libertad de prensa es la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que impone la cobertura proporcional, con bloques electorales minutados, obligación que se ha extendido también a las cadenas privadas.
La FAPE advierte que tal reforma puede fomentar potenciales atropellos a la libertad de prensa y al derecho a comunicar y recibir información libre y veraz durante el desarrollo de la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo próximo. Desde la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas hasta la obligatoriedad de conectar con el canal oficial del partido, la clase política española se afana en ensartar cuentas en este rosario de atropellos que convierten la información política en un producto propagandístico, dirigido y de dudoso interés para las audiencias.
Ejemplo de esos intentos por contener en dique seco la información periodística fue la decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Mérida, que el pasado 5 de abril acordó la retirada y secuestro del número 206 del semanario Voz Emérita por informar del extraordinario incremento del patrimonio del cabeza de lista del PP de Mérida. Aunque la decisión fue luego revocada por la Junta Electoral Provincial de Badajoz, el hecho da la medida de la voluntad de censura existente. La FAPE deploró esa actitud, como también rechazó las denuncias presentadas en Valencia contra cuatro televisiones tras informar de candidatos vinculados a casos de corrupción, lo que a juicio de esta Federación escenifica la mordaza que impone la reforma de la LOREG.
Ante la proximidad de la campaña electoral autonómica y municipal, la FAPE se compromete a fiscalizar los atropellos que se cometan durante este periodo y someterá las acciones susceptibles de vulnerar la libertad de prensa y los principios contenidos en su Código Deontológico al juicio del grupo de sabios que integran su Comisión de Quejas y Deontología y habilita el correo electrónico elecciones2011@fape.es donde denunciar irregularidades en la cobertura preelectoral.
Esta Federación reitera su ofrecimiento para organizar y moderar debates políticos que fomenten la pluralidad, por lo que pone a disposición de los candidatos su sede en Madrid y las de sus asociaciones federadas en el resto del país. En España, la oleada de despidos de periodistas, la precariedad laboral que afrontan los que siguen y los pagos de miseria a los colaboradores y freelance por parte de medios públicos y privados debilitan la profesión y reducen su capacidad para resistir las presiones.
La FAPE anima a los profesionales de la información a que hagan públicas las intimidaciones que reciban porque eso significa no ceder ante las presiones. Las amenazas de muerte al periodista Gorka Zamarreño, que investiga el caso Malaya, son ejemplo de una problemática común, pero poco visible. La FAPE exhorta a los Gobiernos central y autonómicos y a los partidos políticos a que garanticen y promuevan la libertad de expresión en los medios y dejen el criterio informativo en manos de los periodistas. La libertad de información tiene que ser la máxima posible. Con todo, la FAPE recuerda que existen unos límites y que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento, como señala su Código Deontológico.