Discriminación en caso de enfermedad común
20/11/2013 - 00:00
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha pedido se interponga por el Defensor del Pueblo Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. CSI·F considera que lo recogido en el Artículo 20 Complemento por incapacidad temporal supone una discriminación y un agravio comparativo frente a otros empleados públicos de la JCCM, y de la Administración del Estado ya que, ante situaciones iguales, se da un trato desigual. CSI·F denuncia que ya van dos años en que los trabajadores de la JCCM incluidos en el régimen de Seguridad Social tienen peores condiciones en caso de enfermedad común que los del mutualismo administrativo .
El sindicato destaca otros disparates en torno a las IT como que en el sector de enseñanza, maestros y profesores tienen distinto tratamiento en caso de enfermedad común en función de sin son funcionarios interinos o funcionarios de carrera. Se trata de la peor normativa española sobre el tema, mucho más restrictiva que la existente en cualquier Ministerio, Comunidad Autónoma u organismo de la administración local como Ayuntamientos o Diputaciones. CSI·F señala que si la JCCM insiste en mantener en los Presupuestos de 2014 esta aberración normativa sobre las IT, estaría consolidando un inaceptable maltrato a cerca de 70.000 de empleados públicos.
El sindicato recuerda que la propuesta de la Junta de Comunidades sobre las IT para incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos es mucho más restrictiva que la que estábamos negociando en junio para la modificación de la Ley de Empleo Público de la JCCM y provocó el levantamiento de todos los sindicatos de la mesa de negociación salvo ANPE y SATSE. En este sentido, el sindicato se pregunta dónde quedan las declaraciones de Cospedal cuando, hablando de financiación autonómica, apela de forma recurrente a la igualdad de trato de todos los ciudadanos españoles, independientemente de donde residan. Para CSI·F hay que poner fin al maltrato que a través de la normativa de las IT está sufriendo miles y miles de funcionarios, laborales y estatutarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.