El abono transporte y la trifulca política

En plena jornada de reflexión, el pasado 19 de noviembre, un diario de tirada nacional avanzaba que la Comunidad de Madrid podría estarse planteando la supresión del convenio que durante años había mantenido una situación de privilegio para los castellano-manchegos que viajaban a Madrid y para los madrileños que diariamente se desplazaban hasta Castilla-La Mancha. Se trataba de sacar a la luz pública, muy oportunamente, una tema de gran sensibilidad que afecta al bolsillo de más de 90.000 ciudadanos y que el número de núcleos de población acogidos al convenio, este año, llegaba hasta los 109 en las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara. El revuelo no tardó en saltar y la trifulca política todavía colea. No era lógico que dos comunidades del mismo signo político fueran a poner fin a un acuerdo que desde hace una década unía a los ejecutivos madrileño y castellano-manchego para lo que en su momento José Bono y Alberto Ruiz-Gallardón consideraron el bien común de los ciudadanos de las dos comunidades. Entonces las distintas siglas políticas de los gobernantes no fueron un obstáculo, y desde entonces se han beneficiado más de 705.00 viajeros de los cuales, más de 98.200 fueron jóvenes. Ahora, unos dudan que la negociación que ha iniciado el Ejecutivo de Cospedal para mantener este sistema de transporte vaya a llegar a buen puerto, mientras que otros aseguran que la situación vuelve a ser causa heredada del anterior Gobierno regional. El viceconsejero de Fomento, Luis Ques Mena, recalcaba que ya han establecido negociaciones para lograr un nuevo acuerdo que regule los Abonos de Transporte y mientras que en el PSOE se insiste en que presentará mociones ante los Plenos de los ayuntamientos para que se garantice que los usuarios sigan beneficiándose del mismo descuento que hasta ahora. Antes del 31 de diciembre, momento en el que expira la actual unión contractual, el asunto deberá estar resuelto, pero mientras tanto todo apunta a que dará mucho juego político.