El ajuste económico de los ayuntamientos

13/11/2011 - 00:00 Redacción


Los ayuntamientos se encuentran atenazados por una situación económica que no mejora y que, en algunos casos, los tiene con la soga al cuello, hasta el punto de tener serias dificultades para pagar a sus proveedores y las nóminas de sus empleados. Un buen ejemplo es el de Escopete cuyo objetivo es mantener el equilibrio de las cuentas, en medio de una crisis que se agudiza por la deuda que tienen contraída con el municipio las instituciones. Atrás quedan aquellos tiempos en los que la expansión inmobiliaria convirtió a los alcaldes en magos económicos. La venta de suelo municipal y los impuestos relacionados con la promoción y construcción de inmuebles fueron las principales causas del “milagro”. De esta manera, una financiación deficiente en los presupuestos del Estado se transformó en increíblemente generosa. La financiación extraordinaria sirvió para la realización de un elevado volumen de obras, a través de la generación de nuevas instalaciones (polideportivos, consultorios médicos, colegios, etc.) o de la mejora de las infraestructuras (nuevos paseos, parques, etc) y además, permitió dotar a la política municipal de un mayor contenido social. Esta actividad generó que numerosos ayuntamientos elevasen excesivamente su gasto estructural y asumieran un significativo número de competencias que no les correspondían. Pensaban que podían permitírselo, ya que estimaron como normal una recaudación verdaderamente extraordinaria. Ahora, los tiempos han cambiado. Los nuevos responsables municipales deben hacer frente a un gran ajuste económico que implica el despido de trabajadores, la supresión o el aplazamiento de obras e instalaciones previstas y una gran reducción del gasto social. El motivo es la elevada caída en la recaudación municipal y la incapacidad de otras administraciones de proporcionarles financiación adicional. Ante este panorama, no resulta opcional sino que es una necesidad, reformar la Administración Pública y, de paso, mejorar la financiación relativa de los ayuntamientos.