El campo, un sector estratégico en la cuerda floja

Hace justamente un año los sindicatos agrarios se lanzaban a la calle bajo el lema “El campo se arruina exigimos soluciones”. Hasta lo que yo alcanzo a conocer poco o nada se ha avanzado tras aquellas movilizaciones otoñales que reivindicaban medidas para salir de la ruina. Las principales organizaciones agrarias argumentaban de forma muy realista y acertada que la situación del campo se resumía en la falta de rentabilidad de las explotaciones a causa de tener unos costes de producción disparados y unos precios de sus productos hundidos. El importe de la venta de un producto agrícola o ganadero es inferior al coste de producción del mismo, mientras los costes han aumentado casi un 40% en los últimos 9 años, el precio de la uva, del trigo, la leche o el de un cordero es el mismo, en algunos casos, que el de hace 20 años. El campo reivindicaba precios justos para sus productos y regulación de los mercados, una fiscalidad adecuada, un plan de financiación del sector, planes de apoyo ligados a las energías renovables y estrategias de cambio climático, un nuevo modelo de cooperativismo dimensionado y competitivo. Además una PAC sólida, fuerte y con un presupuesto suficiente más allá del año 2013. Sin noticias sobre todo lo anterior, el foco en estos momentos se centra en la elaboración de la nueva PAC cuya negociación acaba de iniciarse. Castilla-La Mancha es una de las regiones más afectadas, para bien o para mal, con la revisión de las ayudas europeas. Los presupuestos regionales del 2011 recogen una transferencia de los fondos agrarios europeos(FEADER y FEAGA) de 768 millones de euros, cantidad que equivale al 8,9% de los ingresos totales. Somos la segunda región en número de preceptores y esta ayuda supone al menos el 30% de los ingresos medios de una explotación agrícola o ganadera. La nueva PAC ha sido valorada en general de forma positiva por los agentes afectados en cuanto a los objetivos que recoge, pero presenta una trascendente falta de concreción presupuestaria y no recoge mecanismos de regulación de mercados ni medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria. Si estos aspectos se corrigen y en el futuro se regula de forma acertada la modificación del cálculo de las ayudas, la fijación de un techo máximo y la introducción de criterios como la profesionalidad, el empleo, esfuerzos medioambientales y zonas desfavorecidas, y se pivota sobre el bien común y la soberanía alimentaria, el sector tendrá futuro. El presupuesto agrícola de la UE está estancado desde 2003 y a partir del 2013, si nadie lo remedia y en el mejor de los casos, contaremos con el mismo presupuesto, pero pasando de 15 a 27 países para el reparto, dato este más que preocupante para el sector. Sea mayor o menor el montante total, no se puede seguir consintiendo el injusto reparto de los fondos agrarios que se viene dando históricamente. En España, aunque los datos puedan admitir algún pequeño matiz, aproximadamente el 20% de los preceptores de ayuda recibe el 80% de los fondos, el 1% de los beneficiarios percibe el 23% del total y poco más de 100 perceptores reciben casi 200 millones de euros, todo ello en detrimento de la agricultura familiar y profesional.