El castillo de Galve de Sorbe volvía ayer a ser motivo de conversación. Tras muchos años de peleas y olvidos, parece que por fin se van a empezar a tomar medidas para que el deterioro que durante décadas viene padeciendo no quede impune. El castillo es un edificio histórico del siglo XV con detalles artísticos propios de la época medieval. Del esplendor de los Estúñiga, la familia que decidió construirlo para su uso como residencia señorial, los lugareños han visto con cierta indiferencia la conversión de su principal monumento en un vertedero. Fue subastado en 1971 y el dueño que lo adquirió ha venido incumpliendo sistemáticamente la obligación de conservarlo en su estado primitivo. Las restauraciones han sido puntuales y poco afortunadas con la arquitectura original del castillo, lo que poco a poco ha servido para que muestre un deterioro progresivo. Sin embargo, poco ha podido hacer la administración, hasta el momento, para atajar esta situación. Ahora, y debido a la insistencia de la Asociación Castillo de Galve se van a iniciar los trámites para que el propietario sea apercibido con un expediente sancionador, que podría ser un primer paso para una futura expropiación. Ante la imposibilidad de afrontar los gastos de inmuebles de estas características, algunos se desentienden de los castillos. El de Galve no es ni el primero ni el último caso, aunque sí el más sangrante de nuestra provincia. De hecho, los pocos edificios medievales en buen estado que se mantienen o se utilizan como segunda vivienda, o se destinan a usos públicos. Es el único modo de favorecer su conservación, y ninguno de esos usos parece ser del interés del dueño del castillo galvito. Sin duda, ya es hora de que se tomen cartas en el asunto, pero lo primordial sería contar con una ley que vaya más allá de la promulgada en 1985 y que concrete con más acierto las verdaderas intervenciones posibles para conseguir un verdadero código de conservación para nuestro patrimonio histórico.
