El copago ha empezado por las recetas en Cataluña
El copago de 10 euros para obtener la Tarjeta Sanitaria en Baleares y Galicia, o el copago de un euro por receta en Cataluña, es injusto, porque grava a los pacientes, atacando el principio de equidad. La sanidad pública española se financia a través de los impuestos. Es un buen modelo, que ofrece, hasta ahora, un servicio sanitario excelente, con un coste de 7 euros de cada cien de la renta nacional.
Es un coste menor que en la media de los países de la UE, y menor que en EEUU. Y es perfectamente sostenible para nuestra economía. Estos copagos se introducen con la excusa de la crisis. Con esta excusa se quiere aprovechar para desmontar la sanidad pública. Conviene insistir una y otra vez: la crisis la han causado los especuladores financieros en un mercado desregulado. No la ha causado el coste de la sanidad pública o los servicios sociales.
El problema de las cuentas públicas en España no tiene que ver con un mayor gasto que en otros países, sino con menos ingresos públicos. Tiene que ver con unos bajos ingresos fiscales de las rentas del capital, y con un fraude fiscal desmesurado. El gasto sanitario público no es exagerado en España, lo que es exagerado es el fraude fiscal que asciende a un 7% del PIB, exactamente igual que lo que cuesta toda la sanidad. El copago ha empezado por la emisión de la receta y por la emisión de la tarjeta sanitaria. ¿Seguirá luego con la emisión de la historia clínica? ¿O por las ambulancias, o por los pijamas y la comida en el hospital? ¿O el gasto en calefacción de los centros de salud?
Es una clara discriminación contra los más débiles y una injusticia que debemos denunciar. La sanidad pública en España es un derecho de todos, que debe financiarse por impuestos, para que sea gratuita en el momento en que la necesitemos, para que no discrimine a los enfermos, a los más mayores, a las personas con menos medios económicos. Así ha sido en los últimos 30 años y así puede y debe seguir siendo. La sociedad española, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de consumidores, los sindicatos, los profesionales sanitarios, tenemos que levantar la voz para frenar un proceso que se ha iniciado ya y que supone un retroceso en la igualdad de todas las personas frente al riesgo de enfermar.
