El 'escrache', un acoso que es delito

 

 

Ha surgido una manera distinta de protestar, de que las plataformas antidesahucios hagan escuchar sus reivindicaciones. Se trata de decirlas a la cara misma de los cargos electos del partido que gobierna y para ello no se duda en acudir al domicilio particular del político y ejercer allí lo que podría ser un derecho de manifestación, pero que se convierte en una presión o acoso en la que se ven afectados por la intimidación, las coacciones y los insultos no sólo el representante público de los ciudadanos, sino también sus familiares y vecinos. Algo totalmente inadmisible, intolerable y sobre todo peligroso por saltarse las más elementales normas del respeto y de la convivencia que deben existir en una sociedad libre, para todos, y plural en la que los cauces de participación y expresión de los ciudadanos vienen marcados por la ley. Existen los derechos constitucionales a la protesta y libre expresión o a elevar ante el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con la recogida de firmas suficientes, tal y como se ha hecho para exigir el cambio de una Ley Hipotecaria declarada como injusta hasta en las propias instancias europeas.

 

   El clamor, la indignación, la frustración, el dolor por los suicidios, la rabia por los abusos, se entienden, pero no justifican actos de fuerza o intimidación contra un cargo electo que con el Código Penal en la mano son delitos. González Pons, Sáenz de Santamaría y otros diputados nacionales del PP han sido increpados a las puertas de sus casas o barrios y en Guadalajara, este viernes, un senador y teniente de alcalde del Ayuntamiento sufrió algo similar aunque en un lugar público. Este martes, la iniciativa se extiende a las sedes nacionales del PP. Éstas no son domicilios particulares, pero la incitación a este modo fascista de señalar con el dedo las casas de las familias trae a la memoria los peores recuerdos de los momentos más dolorosos de la historia reciente de España. La desesperación no puede llevar a saltarse las reglas del juego democrático, la legalidad vigente y la esencia del sistema representativo recogido en la Constitución.