El final de la 'guerra al agua'

13/12/2013 - 00:00 Redacción

 
 
  Esta semana asistíamos a la escenificación del pacto sobre el trasvase Tajo-Segura. El propio Mariano Rajoy, junto al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y la presidenta de Castilla-La Mancha, los de la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y el consejero de Fomento de Extremadura, respaldaban la Ley de Evaluación Ambiental publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que no solo pone las bases para la gestión de la cuenca sino que aplaca los enfrentamientos políticos territoriales entre autonomías. La Ley de Evaluación Ambiental, que entraba ayer en vigor, incorpora el Memorandum del Tajo, un acuerdo entre las cinco comunidades dependientes de esta cuenca, que da rango de ley al trasvase y que culmina la planificación hidrológica. De ahí que el propio presidente, como ya lo hiciera Arias Cañete, calificase ese acuerdo de “histórico” e iba un poco más allá considerando que “acerca territorios, sirve mejor a las personas y demuestra que el diálogo y el sentido común son capaces de facilitar el entendimiento dejando atrás todo conflicto bajo una perspectiva integradora”. El acuerdo, entre otros aspectos, establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 hectómetros cúbicos). Según Rajoy mediante este pacto se garantiza la preferencia de la cuenca cedente, cubriendo las necesidades de abastecimiento y riego de sus territorios, con todas las exigencias ambientales necesarias y con plena seguridad jurídica; a la vez que permite que otras cuencas utilicen el agua trasvasada para complementar sus propias necesidades. Se blinda el trasvase, pero también la reserva de agua en la cabecera y se elimina la incertidumbre sobre una gestión que hasta el momento era una decisión administrativa o política pero que no se regía por una norma jurídica.
 
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