El Grupo Socialista pide a Guarinos que subvencione los recursos contra los cierres de Urgencias
08/02/2013 - 18:42
El Grupo Socialista va a presentar una moción para que la Diputación de Guadalajara subvencione el coste de los recursos que están presentado los ayuntamientos de la provincia contra el cierre de servicios de urgencia decretado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. La obstinación de la propia Cospedal y el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en mantener la orden de cierre está obligando a los municipios afectados a pedir el amparo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha para obtener la suspensión.
La presentación de los recursos está suponiendo un coste muy gravoso para municipios muy pequeños y con muy escasos recursos que, sin embargo, consideran ineludible la defensa de un servicio básico para sus municipios. Por eso, esta iniciativa judicial merece todo el respeto y apoyo por parte de la Diputación de Guadalajara, y hubiera encajado en el convenio con el Colegio de Abogados aprobado el pasado mes de diciembre para la defensa jurídica de los ayuntamientos, ha asegurado la portavoz socialista, María Antonia Pérez León. Por el momento, los ayuntamientos han tenido que buscar asistencia jurídica por sus propios medios, puesto que la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, todavía no ha firmado el convenio, pero no deberían quedarse sin cobertura por un retraso del que no son responsables en absoluto, ha señalado Pérez León.
Por eso, la moción del PSOE propone como alternativas que se utilicen otras líneas de ayuda o se habiliten partidas específicas. En el caso de Guadalajara, ayuntamientos con gobierno de distinto signo político han presentado recursos ante el TSJ en todas las Zonas Básicas de Salud (ZBS) afectadas por el cierre de urgencias. Los dos primeros, presentados por Adobes y Durón ya han conseguido la suspensión cautelar de la orden dictada por el Gobierno de Cospedal, que previsiblemente también se aplicará en los próximos días al resto.
En todos los casos, los recursos se fundamentan en la vulneración del Real Decreto 137/1984 sobre estructuras básicas de salud, que fija un tiempo máximo de 30 minutos desde el municipio cabecera de una Zona Básica de Salud (ZBS) a cualquiera de los otros municipios de que la componen. La mayor parte de los 60 pueblos afectados superan ese límite, con distancias que llegan a casi una hora en algunos casos, como Majaelrayo, según se ha podido acreditar mediante acta notarial.