El negocio de las setas

 

 

Llega el otoño y los recolectores ilegales de setas se prodigan por los pinares de todo el país. Lo que en otra época era un recurso estacional para autoabastecimiento de los habitantes de las zonas forestales, se ha convertido ahora en un lucrativo negocio, en una mina de oro, para mucha gente dedicada a llevarse grandes cantidades de setas silvestres de forma ilegal. Aunque este problema ya se había detectado en Guadalajara en campañas anteriores, el hecho de que esta semana la Guardia Civil decomisase un total de 810 kilos de níscalos en La Mierla ponía, otra vez, encima de la mesa la necesidad de una urgente y eficaz regulación. En la actualidad, la recolección de setas tiene dos vertientes principales, la lúdica relacionada con el ocio en la naturaleza y la comercial, aprovechando un mercado cada vez más amplio tanto en los canales de distribución de frutas y verduras como a nivel de unos restaurantes en cuyas cartas proliferan los platos elaborados con ellas. Esta circunstancia supone una fuerte presión sobre este recurso en los montes al tiempo que pone de manifiesto el potencial del aprovechamiento micológico como fuente de ingresos de unos montes cada vez menos rentables.

 

  De hecho, el coste del kilo de níscalos a principio de temporada varía de los 25 a los 37 euros según zonas y mercados. En los últimos días de octubre y mediados de noviembre su valor cae a los 15 euros. Si multiplicamos estos precios por los kilos decomisados podemos entender lo rentable de un negocio en el que se pone muy en entredicho el respeto por el Medio Ambiente. Por ello, la regulación es una necesidad real, de cara a gestionar esta presión derivada de una afluencia masiva de recolectores incontrolados y para visibilizar este recurso como una fuente de ingresos para los ayuntamientos donde están enclavados los principales montes productores. Se hace imprescindible que el Gobierno regional adopte cuanto antes la decisión de regular los cotos seteros. Si bien es cierto que la Junta no dispone de una reglamentación o normativa específica sobre los aprovechamientos micológicos, también es verdad que está vigente al efecto la Ley de Montes de la propia comunidad y que existe una orden de marzo de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecían las normas técnicas para el aprovechamientos de hongos y setas. Sin embargo no parece ser suficiente. Por ello muchos ayuntamientos como el de Peralejos o el de Cogolludo cuentan ya con sus propias ordenanzas. Se trata de un primer paso pero hay que urgir la elaboración de una ley específica que evite estos atropellos.