El nuevo impuesto 'revolucionario'

 

 

 

  

  La Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha publicada en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el 1/Diciembre/2012 recoge, para que no caiga en el olvido, que el Sescam, a través de sus gerentes, ha emitido notas internas a los coordinadores de los Equipos de Atención Primaria y responsables de las Unidades Administrativas, especificando el obligado cumplimiento del pago de la pertinente tasa. Se da orden de cobrar a los “pacientes” por el simple hecho de que les emitan un informe y/o realicen multitud de trámites, que muchas veces son obligatorios y necesarios para las personas que los demandan. Los gerentes recuerdan al personal que tienen a su cargo la necesidad de recaudar de forma imperiosa, algo que para FSP-UGT no es más que un nuevo impuesto “revolucionario”.

 

   Por poner unos ejemplos: -Por emitir un Informe oficial de Salud, informe de Bienestar Social o informe de Dependencia, 5 Euros. -Por copia de documento Clínico, 0,05 euros por copia, o 3 euros en soporte digital. -Por compulsa documentos, 0,20 por hoja compulsada. -Por emisión de tarjeta sanitaria individual, p ej por rotura o extravío, 10 euros. Dichas tasas se unen al incremento del copago farmacéutico, la próxima implantación del pago del 10% de determinados productos farmacéuticos en farmacia hospitalaria y los cambios en la condición asegurado que han dejado sin asistencia sanitaria gratuita a multitud de usuarios, etc.

 

   Desde FSP-UGT tenemos que lamentar que la Administración Regional se dedique ahora a “traficar” con la información personal de los usuarios. La información de salud, o la información social no es propiedad para el Sescam, ni de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, ni del médico de familia, ni del trabajador social, ....ni de nadie. La información es simplemente propiedad del propio usuario, ya sea a nivel social o sanitario. Desde FSP UGT, consideramos que determinados trámites no se realizan por capricho, sino con carácter obligatorio y que se debe poner fin al afán recaudatorio de la Administración y facilitar determinados trámites a los usuarios, siempre bajo el principio de un uso racional de los servicios.