El pago a proveedores en Guadalajara se hizo en 84 y no en 40 días

02/03/2013 - 14:23 Redacción

  Al cierre del año 2012, el Ayuntamiento de Guadalajara tardaba una media de 84 días en pagar a sus proveedores, cuando el plazo máximo establecido por la Ley de Morosidad era de 40 días. Lo ha reconocido el propio equipo de Gobierno ante el pleno municipal al dar cuenta del cumplimiento de dicha Ley de Morosidad en el último trimestre del año pasado.
 
 
  Por su parte, los grupos de la oposición han destacado otros datos del informe de dación de cuentas que cuestionan aún más el estado de la Tesorería municipal. Así, la concejala socialista Pilar Cuevas llamó la atención sobre la cifra media de casi 7.000 euros que el Consistorio debe a cada proveedor, “una cantidad importante, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, que necesitan cobrar con más agilidad para hacer frente a sus propios pagos, para mantener empleo y para no tener que cerrar”.
 
  Además, en el último trimestre de 2012, las facturas debidas por el Ayuntamiento que exceden el plazo legal de pago se han incrementado en más de un millón de euros y los días de demora han aumentado un 10% respecto al trimestre anterior. En total, la deuda a proveedores municipales a 31 de diciembre de 2012 era de 9,2 millones de euros, de los que cinco millones de euros y más de 700 facturas están fuera del plazo legal de pago. “Unos datos que podrían empeorar este año, ya que para el ejercicio 2013 la Ley de Morosidad reduce el plazo de pago de las administraciones a 30 días”, alertó Pilar Cuevas.
 
  En el debate sobre la marcha del Plan de Ajuste fue la portavoz del Grupo Socialista, Magdalena Valerio, quien puso de relieve que la subida del 22% en la contribución urbana del año 2012, a la que habrá que sumar un nuevo incremento en 2013 por la revisión de los valores catastrales, así como las subidas de tarifas por distintos servicios al tiempo que estos se prestan en peores condiciones, no han servido, sin embargo, para que el equipo de Gobierno cumpliera sus previsiones en cuanto a la relación entre ingresos y gastos municipales.