El viceconsejero de Medio Ambiente, a la espera de la decisión del consejero sobre su continuidad

El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Sergio González, ha explicado este lunes que el consejero de ramo, Francisco Martínez, será quien decida sobre su continuidad en el cargo, toda vez que le remitió el pasado 27 de julio una carta solicitando su cese "por motivos personas" y el responsable regional de Medio Ambiente le pidiera que continuase en el cargo hasta que terminase la campaña de incendios.

De este modo, ha reaccionado González en rueda de prensa que después de que la revista Interviú haya publicado un reportaje vinculándole a la planta ilegal de residuos peligrosos del Chiloeches, que ardió el pasado mes de agosto. Tras negar de forma reiterada esa vinculación, ha indicado que antes de tomar posesión del cargo que ostenta renunció a los que ocupaba en otras empresas y vendió sus acciones "para no tener interferencias".

A preguntas de los medios, González ha dicho desconocer si el Consejo de Gobierno de este martes abordará su cese, una decisión que ha justificado diciendo que su "entorno cercano le reclama más tiempo". "No hay que tener apego al cargo. Es bueno que haya entrada y salida", ha agregado.

"La empresa con la que se me relaciona, Biocombustible del Henares, no tiene nada que ver con la gestión de residuos peligrosos. No he sido accionista de esta empresa", ha explicado el viceconsejero, que ha asegurado que fue presidente imparcial de la misma con dos abogados de asesores y que cesó a petición propia el 27 de junio de 2013, "pues debido al cambio legislativo esta empresa no tenía mucha viabilidad". "De hecho esa empresa nunca ha tenido actividad, ni buena ni mala".

"Las otras empresas que se citan --en referencia al reportaje de Interviú-- no tienen trama ninguna, como se da a entender en esa publicación. Son empresas que realizan su actividad de forma legal y no tiene nada que ver con el mundo de los residuos peligrosos", ha dicho.

Guarinos arremete contra el Gobierno regional

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha reclamado la comparecencia inmediata de Emiliano García-Page para explicar la posible complicidad de su Gobierno con las prácticas supuestamente irregulares empleadas por la empresa Kuk Medioambiente S.L., empresa propietaria de la planta industrial que comenzó a arder en Chiloeches el pasado 26 de agosto y que almacenaba productos de gran toxicidad.

“El incendio de Chiloeches pone a Page y a su gobierno bajo sospecha de malas prácticas y de posible trato de favor a determinadas empresas y empresarios” a quienes supuestamente dejaban operar a pesar de la existencia de informes que documentaban la existencia de prácticas irregulares, ha afirmado Guarinos.

Tal y como se deduce de la información publicada en varios medios de comunicación y de los datos publicados en el registro mercantil, el gobierno de Page, a través del viceconsejero de medio ambiente, es "juez y parte" en la gestión de residuos peligrosos y en su vigilancia, a través de la conexión entre la empresa propiedad de la planta en la que se produce el incendio, Kuk Medioambiente S.L., y una empresa vinculada a un miembro del gobierno regional, el Grupo Layna.

Al parecer, el Grupo Layna había arrendado las instalaciones y la gestión de la planta y de los residuos a Kuk Medioambiente.  El Grupo Layna tiene como empresa participada 100% a Biocombustibles del Henares S.L., y aquí es donde aparece la vinculación del gobierno de Page con el incendio de la planta de Chiloeches ya que el viceconsejero de medio ambiente figura en el registro mercantil como el único apoderado de la empresa Biocombustibles del Henares S.L., participada 100% por el Grupo Layna, siendo administrador único de la misma Pablo Layna Calvo, quien a su vez es también administrador único y apoderado del Grupo Layna.

Toda esta información, la ocultación de la misma por parte del Gobierno regional, coloca bajo sospecha al Gobierno de Page y pone en tela de juicio la imparcialidad con la que debía actuar el Gobierno regional y el camuflaje que podría haberse estado haciendo con su complicidad del tratamiento de residuos peligrosos, concluyen desde el Grupo Popular.

Por todo ello, urge una explicación que ya solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular y que no admite ni demoras ni excusas afirma Ana Guarinos.