En defensa de las diputaciones

En tiempos de crisis, como los actuales, todo o casi todo se pone en entredicho, y llevo, tal vez demasiado tiempo, viendo cataratas de declaraciones públicas, entrevistas en medios de comunicación y un sin fin de posturas políticas, contrarias a la existencia de unas Instituciones que pronto cumplirán doscientos años, me refiero evidentemente a las Diputaciones Provinciales. Esas declaraciones públicas las están planteando socialistas tan importantes como Zapatero que, ayer mismo en una entrevista en TVE, se ha despachado con un “las diputaciones tienen que reducir e integrar su papel con las comunidades autónomas”. También hasta el mismísimo Felipe González en Valencia el pasado 28 de enero cuando afirmó que “las diputaciones son redundantes”. E incluso el Ministro de Fomento, José Blanco, en junio pasado, puso en duda la existencia de las diputaciones por su “escasa capacidad inversora y cuyo único gasto es el corriente”. No voy a apelar a su larga y dilatada historia y podría hacerlo. Tampoco voy a rasgarme las vestiduras por una posible modificación del artículo 141 de la Constitución Española de 1.978 y también podría hacerlo. Voy simplemente a apelar a la necesidad de las mismas por su cercanía al ciudadano y a los alcaldes, y por su compromiso con los más de ocho mil pequeños municipios españoles. Apelo, simple y llanamente, a principios básicos, como la Eficacia y la Eficiencia en la prestación de los Servicios Públicos. Seré incluso más osado y me pregunto a mi mismo y respondo: ¿Entenderían los españoles residentes en cualquier municipio que no existieran los ayuntamientos? Nadie. ¿Entenderían los más de ocho mil pequeños municipios la inexistencia de su Diputación Provincial? Alguno o ninguno. Seguramente ya no es suficiente la gestión de los Planes de Obras y Servicios que han cambiado la faz de los pueblos de España, o el desarrollo y gestión de infinidad de programas de Desarrollo Europeo. Tampoco será suficiente el Asesoramiento Jurídico y Económico que han venido prestando y es probable incluso, que la Atención a los Servicios Básicos de los pequeños municipios no llegue a todos, o sea insuficiente la promoción provincial de la Cultura, el Deporte, las Tradiciones y un sin fin de actividades diversas, como diversas son las provincias españolas. Habrá que redefinir su papel, pero nunca su existencia. La primera descentralización administrativa desde el Estado a las Comunidades Autónomas se ha producido con total rotundidad. Hoy la suma de todas las CC.AA. tiene mayor peso en la distribución del gasto público que la del propio Estado. Incluso se han producido distorsiones en la aplicación de determinadas competencias transferidas y el mundo local, ayuntamientos y diputaciones, cada vez representamos menos en la distribución del gasto público. Por eso se hace necesario, en la España de principios del siglo XXI, con un sistema democrático asentado, que hoy más que nunca, es urgente la Segunda Descentralización Administrativa, tantas veces reclamada como olvidada por todos los gobiernos, pero esta vez, las competencias y su financiación han de venir desde las CC.AA. a los Ayuntamientos y Diputaciones. El actual modelo territorial no aguanta, hace aguas por todas partes. Y ese ha de ser el papel fundamental a desarrollar en el futuro por las Diputaciones, como órgano de gestión eficaz, eficiente y cercana, a la pléyade de pequeños ayuntamientos que conforman España y que sin las mismas estarían avocados a su desaparición y olvido.