EpC: un fallo a cumplir y respetar

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

CARTAS AL DIRECTOR
DANIEL VIANA TEJEDOR. Secretario de Educación y Deporte PSOE (Guadalajara
Asistimos estos días a la importante noticia de que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se imparte actualmente en nuestros colegios e institutos. Por lo tanto, pasa a ser considerada una asignatura más del currículo cuya asistencia a clase es obligatoria.
Nada debería de extrañarnos pues esta asignatura se basa en la enseñanza de la Constitución Española de 1978 (la norma suprema que nos rige y que es de todos; no olvidemos que fue aprobada por una aplastante mayoría de los españoles) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que todos sabemos se asienta en valores tan poco discutibles como la paz, la libertad y la igualdad entre los seres humanos.

Por cierto, añado un dato que creo que puede ilustrar este debate. En la sesión del 10 de diciembre de 1948, en la que fue aprobada y proclamada esta Declaración Universal, en el preámbulo figura la siguiente frase que cito literalmente: “La Asamblea pide que este texto sea distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

Por lo tanto, ante algo tan evidente, ante una asignatura que se imparte en la casi práctica totalidad de las democracias homologables a la nuestra, ¿qué problema hay? Pues que en nuestro país lo que no tenemos es una derecha homologable a la del resto de países avanzados, sino una derecha cavernícola, antigua, anclada en los viejos tiempos, y que busca sólo desgastar al Gobierno con el tema que sea y de la forma que sea. Y lo hace aunque sea a costa de algo tan importante como es la educación de nuestros niños y jóvenes, cuya formación es esencial; ya que ellos serán los que muevan este país dentro de no mucho tiempo.

El Partido Popular en España y también en Guadalajara, con el alcalde y presidente provincial Antonio Román a la cabeza, han seguido, y continúan, en esta línea tan errónea y perjudicial para la ciudadanía. Así, desde la Agrupación Municipal del PSOE de Guadalajara queremos denunciarlo para que no pase inadvertido. Esperamos que tomen nota de esta sentencia, aunque vistos los precedentes y el poco respeto a las instituciones que muestran Román y el PP, dudamos que esto sea posible.