España y la UE: Innovación, Investigación y comunicaciones

Hoy en día, en la era de la banda ancha ultrarrápida, las dinámicas de mercado son cada vez más vertiginosas, acortando casi siempre el ciclo de vida de los productos y servicios, y aumentando la competencia que ya no sólo es local, regional o nacional sino, cada vez en mayor medida, global. Las barreras geográficas entre clientes y proveedores son menos relevantes con la impresionante eclosión del mundo digital y el avance imparable del comercio electrónico. Los modelos económicos de las empresas, tradicionalmente basados en la gestión del capital y la mano de obra, presentan ahora como factores esenciales: el conocimiento, la formación y el capital intelectual. El mundo digital y sus nuevos paradigmas globales (movilidad, “cloud computing”, “big data”, “social media”…) están acelerando la evolución de la llamada Sociedad de la Información hacia la Sociedad del Conocimiento. El crecimiento económico y la productividad de los países desarrollados se fundamentan cada vez más en esta Nueva Economía, que el Departamento de Industria y Comercio del Reino Unido definió como aquella “en la que la generación y explotación del conocimiento juega un papel predominante en la creación de bienestar” y, añado explícitamente de mi propia cosecha, también en la generación de empleo de calidad y alto valor añadido allá donde se afinca.

Afortunadamente, la gestión del conocimiento empieza a ser asumida por las empresas como una parte vital de sus estrategias de negocio, innovación y búsqueda de la excelencia. Las administraciones, por su parte, deben facilitar las herramientas y servicios de innovación y ciertas capacidades de apoyo a la gestión del conocimiento, pero los verdaderos protagonistas son los propios empresarios: los que mejor conocen su negocio y deben tomar sus decisiones sobre estos asuntos, tan trascendentales para el futuro de sus proyectos. En este nuevo contexto, cada vez más complejo y dinámico, a estas alturas ya nadie duda que la innovación es un factor clave, seguramente el principal, no sólo para la competitividad de las empresas, sino para su propia supervivencia, crecimiento e internacionalización. En mi conferencia “Innovación y Tecnología” en otoño de 2013, en el primer evento “TEDx Talks” celebrado en Guadalajara, tuve oportunidad de enfatizar este concepto y evidenciar, con argumentos y ejemplos, que la innovación sistémica es la ventaja competitiva por excelencia y posiblemente la única verdaderamente sostenible en el tiempo, capaz de sobrevivir a la imitación y a los nuevos competidores de bajo coste.

Según estudios de la OCDE, más del 50% del PIB en la mayoría de los países desarrollados se genera sobre la base de inversiones en productos y servicios de alta tecnología, poniéndose de manifiesto la creciente importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La innovación de las TIC está posibilitando el almacenamiento y distribución del conocimiento en formas cada vez más rápidas, de mayor calidad, menos costosas y más accesibles a todos, provocando la capacidad de recuperar y analizar ese conocimiento codificado, convirtiéndolo en inteligencia ciudadana y empresarial, y transformándolo en nuevos procesos, métodos, productos y servicios. En las sociedades industriales avanzadas, por tanto, el crecimiento económico y el empleo están íntimamente relacionados con la capacidad innovadora de las empresas y, típicamente, aunque existen otros tipos de innovación (disruptiva, organizacional, de mejora continua, frugal o “jugaad innovation”,…), lleva aparejado casi siempre el concepto de innovación tecnológica, que suele definirse como “la incorporación de tecnologías a la actividad de una empresa dando como resultado cambios en los procesos o en los servicios o en la propia empresa en general”. La innovación tecnológica es posible sin tener que acometer necesariamente actividades de I+D aunque, en general, las empresas que llevan a cabo actividades de I+D suelen ser empresas innovadoras.

No obstante, algunos ejemplos recientes de la economía digital que todos tenemos en mente, nos muestran que la correlación entre la inversión en I+D y la innovación no es necesariamente fuerte y que, en determinados casos, cuentan más la actitud, la cultura y la calidad en el desarrollo de una iniciativa innovadora que la cifra total invertida. No se trata, por tanto, solamente del montante en euros, sino de cómo de eficientemente y con qué foco se invierten esos euros y de facilitar y promover todo un ecosistema donde fluya de modo natural el talento innovador.

En el caso de España, en I+D, que es el indicador que tradicionalmente se mide y se compara (dada la dificultad de unificar criterios de medida homogéneos y capturar los valores de la “i” de innovación), el valor ha venido oscilando al compás de la crisis el último lustro entre el 1,3% y el 1,4% del PIB, mientras que en la UE en su conjunto alcanza el 2%. Consciente de la posición de debilidad relativa española en I+D+i, el Consejo de Ministros del gobierno de Mariano Rajoy aprobó el 1 de febrero de 2013 la “Nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación”, que contempla para el periodo 2013-2020 las actividades de I+D+i desde una perspectiva global e integral, dado que considera que “los resultados no responden a una lógica lineal sino que son fruto de múltiples formas de interacción entre todos los agentes del Sistema” y, según se remarca en el texto de la propia estrategia, “representa un esfuerzo por alinear las políticas españolas con los objetivos perseguidos por la Unión Europea en materia de I+D+i, definidos en el nuevo programa marco para la financiación de las actividades de I+D+i «Horizonte 2020»”. En este marco estratégico para la innovación, el gobierno español reconoce que, dado el diferencial tradicionalmente existente, la meta fijada para el conjunto de la Unión Europea de alcanzar un gasto en I+D+i del 3% del PIB para 2020, en el caso de España debe fijarse de modo realista en el 2%, lo cual no deja de ser un compromiso muy exigente y que implicará movilizar en nuestro país una importantísima inversión privada en I+D+i, dada la descompensación entre inversión pública y privada existente entre España y la UE en su conjunto. El objetivo de la UE es que, de cada tres euros invertidos en I+D+i, dos sean aportados por el sector privado y sólo uno provenga de financiación pública, con lo que se espera crear en torno a 3,7 millones de puestos de trabajo hasta 2020 y aumentar el PIB anual de la UE en unos 800.000 millones de euros.

En la actualidad, en España, prácticamente uno de cada dos euros en I+D+i corresponde a la financiación pública, lo que quizás explica el desfase existente entre la excelencia científica y la actividad innovadora en nuestra nación y plantea como reto la superación de esta brecha en cuanto al peso de la inversión privada respecto del promedio comunitario. En consonancia con esta realidad, del total de la financiación en I+D+i, el plan del gobierno español pretende lograr para 2020 que un ambicioso 15% tenga su origen en fondos extranjeros (valor que en la actualidad ronda el 7%, aunque las perspectivas y la evolución son positivas). Esta atracción de inversión exterior, además de exigir el fortalecimiento de determinados factores de localización y la necesidad de generar otros nuevos, requiere apostar con firmeza por la I+D+i con marca España y seguir compitiendo de manera infatigable en la carrera por reforzar la confianza de los inversores extranjeros en nuestro país hasta convertirlo en una opción preferente. Toda esta estrategia obliga a discriminar y poner el foco en aquellos sectores y tecnologías más competitivos en nuestra estructura productiva. En definitiva, nos obliga a elegir, apoyando los mejores programas de especialización inteligente y que, además, resulten atractivos desde el exterior.

Esta especialización requiere una fase previa de análisis responsable, realista y sincero sobre nuestras capacidades. El “buenismo” voluntarista (pretender ser buenos en todo o querer apostar indiscriminadamente y ayudar económicamente a todo aquello que consideramos bueno), además de dispersar los esfuerzos, reduce las posibilidades de estar entre los mejores y generar masa crítica en aquellos nichos donde verdaderamente tenemos más potencial. Respecto de la financiación de la UE, en enero de 2014, la Comisión Europea puso en marcha su nuevo programa de investigación por un periodo de siete años, Horizonte 2020, dotado con cerca de 80.000 millones de euros de financiación hasta 2020. Con esta dotación económica, certeramente asociada a sus pilares estratégicos fundamentales, se pretende que este plan ejerza un efecto tractor de las inversiones nacionales adicionales públicas y privadas, que permitan amplificar el alcance de las actuaciones, tanto en perímetro como en profundidad y capilaridad.

 Horizonte 2020 combina toda la financiación destinada a la investigación y la innovación en un programa integrado cuyos principales objetivos son: consolidar la posición de la UE en la ciencia, consolidar la innovación industrial (incluida la inversión en tecnologías fundamentales), crear mayores facilidades para acceder al capital, apoyar especialmente a las pequeñas empresas y también abordar las grandes preocupaciones sociales.

Como se indica en el propio plan, se trata de una iniciativa Europea, pero abierta al mundo, concebida y aplicable no sólo en clave Europea sino global, que pretende asegurar que las mejores ideas lleguen rápidamente al mercado y puedan ser utilizadas en las ciudades, los hospitales, las fábricas, los comercios y los hogares. El concepto americano del “time-to-market” se ve así reforzado y apropiado como ventaja competitiva por la vieja Europa. Existe amplio consenso en los órganos de gobierno de la UE en considerar que un facilitador esencial de todo este proceso es el despliegue de la banda ancha ultrarrápida, tanto con sus tecnologías cableadas (ya principalmente basadas en fibra óptica) como inalámbricas (redes móviles de última generación). Recientemente, tuve ocasión de departir en Amsterdam con la holandesa europeísta y liberal Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria para la ADE (Agenda Digital Europea), sobre la importancia de algunos objetivos de la ADE para garantizar el éxito del programa Horizonte 2020 y, más específicamente, de la criticidad del despliegue de telecomunicaciones de última generación, de modo que el 100% de la población de la Unión Europea tenga acceso igual o superior a 30 Mbps en 2020 (con un 50% de los hogares con accesos de 100 Mbps o superiores). Lógicamente, en dicha conversación, hablamos de España, de Castilla-La Mancha y del compromiso del gobierno de María Dolores Cospedal con la reducción de la brecha digital y el despliegue de las comunicaciones del futuro, avalado recientemente por los transcendentales anuncios, por parte de las dos principales operadoras de telecomunicaciones en nuestro país, de sus planes para el desarrollo preferente de banda ancha ultrarrápida en Castilla-La Mancha, conscientes del especial apetito del gobierno regional por cimentar el emprendimiento en una mejora substancial de la infraestructura digital y de telecomunicaciones.

Es prioritaria la necesidad de establecer marcos concretos de financiación y de colaboración público privada para hacer llegar la banda ancha ultrarrápida a todos los ciudadanos, allá donde somos plenamente conscientes que no llegará el mercado, como es el caso de una gran parte de nuestra región. No se trata sólo de cumplir el objetivo, también nos jugamos en ello el desarrollo de un ecosistema digital saludable, las posibilidades de establecimiento de nuevas actividades y el crecimiento de las existentes, el asentamiento en nuestros pueblos y ciudades de una parte de la horda reciente y creciente de teletrabajadores y, en definitiva, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Una vez más, queda claro que estar en la Unión Europea ofrece más oportunidades que estar fuera, y que no es sólo por una cuestión de financiación. En ello estamos.