Desde hace meses, el debate sobre la conveniencia, o no, de que las diputaciones sobrevivan a los malos tiempos y la crisis, está encima de la mesa. El pleno que se celebrará mañana en la Institución provincial volverá a poner de actualidad un debate que surgía este verano cuando el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hablaba de eliminar las diputaciones como forma de controlar el gasto y fomentar el ahorro. Ayer era el turno del portavoz del Grupo Popular, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, quien aseguraba que esta polémica surgía después del fracaso electoral cosechado por los dirigentes socialistas en las pasadas elecciones municipales donde dejaron de gobernar 14 diputaciones provinciales, pasando a regir tan solo siete. Sea, o no, ese el verdadero motivo por el que surge el debate, lo cierto es que en provincias como Guadalajara pocos dudan de la importancia del papel que desarrolla esta institución. Más de 200 pueblos tienen una población inferior a 250 habitantes y muchos de ellos cuentan con servicios básicos gracias a la labor de la Diputación. Eso no es óbice para reconocer que quizá lo principal es minimizar su estructura, y sobre todo, los gastos que eso implica. Las 38 diputaciones de régimen común de nuestro país gastan casi 2.000 millones de euros sólo en retribuir a su personal. En concreto, los presupuestos de este ejercicio tienen asignados 1.965 millones de euros sólo al capítulo 1, lo que supone más del 30 por ciento de sus fondos totales, que rozan los 6.500 millones de euros. Es cierto que la administración debe reinventarse y favorecer el ahorro pero sin que eso pase por el recorte de servicios básicos. Y no nos engañemos, seguramente habrá provincias en las que la Diputación no tenga más que un mero papel representativo pero en otras, como Guadalajara, sus funciones están más que justificadas al acumular competencias que se les escapan a los pequeños municipios. Quizá por eso mismo sobre este asunto, aquí, no vale hacer política.
