Huelga anunciada

Se esperaba y ayer llegaba el anuncio oficial. Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO convocaban una huelga general para el 29 de marzo contra la reforma laboral, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y convalidada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados. Los sindicatos no han otorgado los 100 días de rigor al Gobierno del Partido Popular. El llamamiento a la paralización del país se producía ayer viernes 9 de marzo, cuando el Gobierno cumplía 78 días al frente y la jornada de huelga tendrá lugar a los 98 días de la toma de posesión del presidente y su equipo (Mariano Rajoy fue investido el pasado 21 de diciembre, y un día después, su Ejecutivo). Más allá del legítimo derecho a la manifestación, que nadie pone en cuestión, resulta llamativo que sea imposible valorar, en estos momentos, las consecuencias de la incipiente reforma laboral que ni siquiera ha empezado su tramite parlamentario y, que por lo tanto, cuenta aún con un amplio margen para modificarla en el periodo de enmiendas. Sorprende, entonces, la prisa que demuestran las secciones sindicales antes inmovilistas. Hay que recordar que la reforma laboral -la segunda que se hace en menos de dos años y con dos gobiernos diferentes- llega con un paro histórico: 5,3 millones de desempleados lo que supone el 22,85 por ciento de la población activa y aunque muchos coinciden en que por si misma no creará empleo, según el Gobierno sí puede fomentar la contratación, potenciar los contratos indefinidos y buscar flexibilizar las condiciones laborales de las empresas para evitar el despido a la vez que intenta luchar contra la economía sumergida. La próxima será la sexta huelga general de 24 horas de la historia de España y la segunda que se convoca a un Gobierno del PP, tras la que CCOO y UGT le hicieron en 2002 al Ejecutivo de José María Aznar en protesta por la reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo. No resulta sorprendente, lo que habrá que comprobar es cuál es la repuesta social a una convocatoria que ha llegado tras acumular muchos millones de parados sin que los sindicatos se escandalizasen.