Justicia y Fiscalía abren una investigación por el caso Mari Luz
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, alcanza ya todo el abanico de profesionales implicados. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han abierto sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos cometieron errores.
Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle.
Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos. El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz.
El escándalo y la alarma social producida por este clamoroso fallo del sistema judicial, como lo definió el propio portavoz del CGPJ, ha desencadenado un proceso de depuración de responsabilidades sin precedentes. Una respuesta en línea con la promesa hecha por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el fin de semana pasado al padre de la víctima, a quien aseguró que la investigación llegará hasta el fondo.
El Servicio de Inspección del Poder Judicial continuaba este miércoles con la acumulación de los documentos, entre ellos los escritos de descargo de ambos jueces, que utilizará para redactar el informe que el lunes próximo discutirá la Comisión Disciplinaria, durante una reunión urgente y extraordinaria.
Las fuentes consultadas indicaron que los indicios recogidos sobre la intervención de ambos jueces en este caso llevarán el lunes a los vocales del CGPJ a abrir sendos expedientes disciplinarios contra ellos por faltas graves o muy graves de dilación injustificada o desatención de los asuntos del juzgado.
Reformas del sistema
La comisión formada en la Fiscalía General para mejorar el control judicial de los delincuentes sexuales celebró hoy su primera reunión y decidió que en un plazo máximo de tres meses deberá emitir un informe con las propuestas legislativas y las reformas en la gestión procesal que se considera necesario realizar.
Los expertos de la Fiscalía sopesan recomendar la unificación de los diferentes sistemas informáticos empleados por las instituciones involucradas -juzgados, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- para que exista una comunicación fluida respecto de la situación personal de los condenados por esta clase de delitos y los interesados dispongan de toda la información en tiempo real.
A tal fin, solicitará informes a todas las fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia de cada aplicación.
Los fiscales han acordado recabar información sobre la situación actual de la ejecución de sentencias en España, con el fin de elaborar un diagnóstico fiable que constituya un punto de partida para elaborar propuestas con el fin de mejorar el seguimiento sobre las condenas penales.
La presidenta de la comisión, Pilar Fernández, solicitará en los próximos días a los magistrados de enlace de Italia y Francia que le informen acerca de los sistemas vigentes en ambos países sobre seguimiento y control de delincuentes sexuales.
La comisión también ha acordado solicitar a la Generalitat de Cataluña el informe elaborado recientemente por los expertos de su comisión de estudio para la prevención de la reincidencia en delitos graves.
Riesgo de nuevos errores
La Junta de Jueces de Sevilla salió ayer a la palestra para advertir que la actual carencia de medios en los juzgados podría provocar que se repitieran errores como el incumplimiento de condena por parte del presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, ya que el margen de error está por encima de lo que debiera. Los magistrados critican, además, que se les criminalice mientras no se asumen responsabilidades políticas.
En un comunicado difundido por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez, la Junta de Jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria ha subrayado que la sobrecarga de trabajo y las sustituciones tardías y por personal no cualificado de las bajas hacen que el margen de error en sus actuaciones siga estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos.
Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos. El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz.
El escándalo y la alarma social producida por este clamoroso fallo del sistema judicial, como lo definió el propio portavoz del CGPJ, ha desencadenado un proceso de depuración de responsabilidades sin precedentes. Una respuesta en línea con la promesa hecha por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el fin de semana pasado al padre de la víctima, a quien aseguró que la investigación llegará hasta el fondo.
El Servicio de Inspección del Poder Judicial continuaba este miércoles con la acumulación de los documentos, entre ellos los escritos de descargo de ambos jueces, que utilizará para redactar el informe que el lunes próximo discutirá la Comisión Disciplinaria, durante una reunión urgente y extraordinaria.
Las fuentes consultadas indicaron que los indicios recogidos sobre la intervención de ambos jueces en este caso llevarán el lunes a los vocales del CGPJ a abrir sendos expedientes disciplinarios contra ellos por faltas graves o muy graves de dilación injustificada o desatención de los asuntos del juzgado.
Reformas del sistema
La comisión formada en la Fiscalía General para mejorar el control judicial de los delincuentes sexuales celebró hoy su primera reunión y decidió que en un plazo máximo de tres meses deberá emitir un informe con las propuestas legislativas y las reformas en la gestión procesal que se considera necesario realizar.
Los expertos de la Fiscalía sopesan recomendar la unificación de los diferentes sistemas informáticos empleados por las instituciones involucradas -juzgados, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- para que exista una comunicación fluida respecto de la situación personal de los condenados por esta clase de delitos y los interesados dispongan de toda la información en tiempo real.
A tal fin, solicitará informes a todas las fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia de cada aplicación.
Los fiscales han acordado recabar información sobre la situación actual de la ejecución de sentencias en España, con el fin de elaborar un diagnóstico fiable que constituya un punto de partida para elaborar propuestas con el fin de mejorar el seguimiento sobre las condenas penales.
La presidenta de la comisión, Pilar Fernández, solicitará en los próximos días a los magistrados de enlace de Italia y Francia que le informen acerca de los sistemas vigentes en ambos países sobre seguimiento y control de delincuentes sexuales.
La comisión también ha acordado solicitar a la Generalitat de Cataluña el informe elaborado recientemente por los expertos de su comisión de estudio para la prevención de la reincidencia en delitos graves.
Riesgo de nuevos errores
La Junta de Jueces de Sevilla salió ayer a la palestra para advertir que la actual carencia de medios en los juzgados podría provocar que se repitieran errores como el incumplimiento de condena por parte del presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, ya que el margen de error está por encima de lo que debiera. Los magistrados critican, además, que se les criminalice mientras no se asumen responsabilidades políticas.
En un comunicado difundido por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez, la Junta de Jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria ha subrayado que la sobrecarga de trabajo y las sustituciones tardías y por personal no cualificado de las bajas hacen que el margen de error en sus actuaciones siga estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos.