Incidente en el fin de curso de alumnos de Bachillerato
Antaño, aunque lamentándose, los ciudadanos aceptaban sin cuestionarse las incomodidades, mala praxis y arbitrariedades de los sujetos que desempeñaban la necesaria función pública, cualquiera que fuere ésta. En las actividades privadas, las situaciones desequilibradas o injustas han ido constante y progresivamente regulándose con normas y leyes que la población misma ha ido proveyendo al cuerpo legal de la sociedad. Las estadísticas que publican los diferentes organismos que velan por los intereses de los consumidores dan buena muestra de ello. En algunos ámbitos de la administración, ya hogaño va calando la necesidad de proteger al ciudadano, que además sufraga su funcionamiento y a sus servidores.
Ante las irregularidades en (lo que se supone debe ser) el funcionamiento de la maquinaria administrativa, van apareciendo procedimientos regulados de reclamación, métodos de corrección, protocolos de actuación, Y así va habiendo, por imperativo legal, algunas herramientas para evitar que se vulneren los derechos del administrado. La parcela donde primero se ha aplicado ha sido el sector sanitario público. Pero cuando se trata de los servidores públicos encargados de mantener la ley, el orden y la seguridad, la exigencia de respeto a los derechos se relaja y se diluye.
Incluso la opinión pública, revistiéndose de hipocresía, mira torticeramente hacia otro lado cuando constata esas vulneraciones. Sin embargo estas situaciones se van quedando, y se quedarán cada vez más anómalas, como estamos observando en la actualidad. Algunos de mis mejores amigos se dedican a estos servicios. Y lo hacen con corrección, profesionalidad, cuando no con entrega y vocación de servicio. La gran mayoría de estos funcionarios así lo hacen. Y son conscientes de que su función es primordial en la sociedad. Y, a pesar de este buen funcionamiento, es de justicia que existan también mecanismos de control al alcance del administrado. Control real y efectivo como en los demás sectores. Mejor le transcribo los hechos para que el lector se forme una imagen del suceso y del necesario cauce que debe exigirse a la actuación policial.
El pasado día 19 de mayo, los institutos de enseñanza secundaria de la capital realizaron los actos oficiales de despedida de las promociones de segundo curso de bachillerato, alumnos que concluyen aquí la etapa secundaria y muchos, acceden a la universitaria, tras superar luego las pruebas de selectividad. El devenir de los años lo ha convertido en tradición por calificarlo de alguna manera. La citada tradición continúa con cenas de compañeros que se despiden, con indumentarias elegantes y/o de gala, veladas que se alargan en distintos locales de la ciudad, y postrera visita al centro de procedencia en el que, también tradicionalmente, se bromea y alardea en los aledaños de los centros. A pesar de los consumos nocturnos, las actitudes de estos exalumnos suelen estar dentro de lo tolerable. La actuación policial (respetuosa) además así lo garantiza.
Pero se produjo una muy lamentable excepción con los procedentes del IES Buero Vallejo. En el comienzo de la congregación, ya matutina, ante el centro, dos dotaciones de coches patrulla de la policía nacional, de bisoñez evidente, irrumpieron en el momento que narramos con inusitada urgencia pero sin hacer uso de luminosos reglamentarios ni de luces de conducción necesarias, y, apeándose como digo vertiginosos se abalanzaron sobre los estudiantes a los que inopinadamente comenzaron a abofetear. Estos ciudadanos, haciendo uso de los modales, conocimientos y educación recibidos, requirieron a los agentes para que se identificasen (si no me engaño derecho de unos y obligación de otros) a los que los citados agentes, también haciendo uso de la educación y conocimientos recibidos, respondieron con carcajadas y mofas. Sólo cuando se cansaron de burlarse realizaron lo que creo es el protocolo de su actuación, identificación y documentación del incidente como procede. Os vamos a meter un expediente que os vais a cagar, decían.
Desconozco y no puedo corroborar si esa es la denominación oficial del impreso o diligencia, pero presumo que será otra instancia la que determine la corrección o no de los hechos.
Finalmente, lo que comenzó como una tradicional noche festiva acabó en los juzgados con interposición de denuncia ante una actuación policial cuando menos fuera del reglamento. Y es eso lo que, calamo currente me va enervando de forma exponencial, que la encomiable, cuando no heroica labor de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se vea empañada por actuaciones anómalas ante las que todos nosotros administrados tenemos poca posibilidad de corregir.
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