Jurado popular

El crimen de Cifuentes, que estos días se enjuicia con jurado popular en la Audiencia Provincial, me trae al recuerdo aquel primer juicio de este tipo celebrado en nuestra provincia y que cubrí informativamente durante varios días con mi compañera, la periodista Gema Ibáñez. Un hombre mató a puñaladas a su mujer y al hermano de ésta tras acceder a su vivienda por la terraza de la cocina. Sucedió en Atienza y el interés mediático del suceso y del proceso judicial fue inmenso. La primera sesión comenzaría el 23 de mayo de 1997 y terminaría con la condena a 59 años de prisión del asesino. Retrotrayendo un poco más la memoria, o más bien tirando de hemeroteca, me voy al 8 de diciembre de 1995. Aquel día, en esta misma columna de Nueva Alcarria, escribí un artículo bajo el título ‘El tribunal del jurado’, con motivo de la aprobación de esta ley. Decía, literalmente entonces, que “nuestros juicios corren el riesgo de convertirse en realitys shows donde los abogados más que tratar de convencer con la ley en la mano, representen o interpreten una obra teatral para inducir a un jurado inexperto y maleable la carga emotiva que en cada momento se requiera”. También argumentaba que “nuestro sistema jurídico garantiza la correcta aplicación de la ley por jueces de dilatada experiencia y sobrada preparación que resuelven con independencia, objetividad, imparcialidad y plena sujeción al ordenamiento jurídico”. En aquel artículo, recién terminada la carrera de Derecho, me postulaba en contra de esta forma de juzgar que había existido ya en España y que en 1936 había sido suprimida por un gobierno autoritario. La ley del jurado devolvía al ciudadano un derecho en desarrollo de la Constitución. Veinte años después de aquello apenas han sido una treintena los sucesos resueltos de esta manera en nuestra provincia. Normalmente son casos donde los hechos están muy claros y el veredicto es predecible. Hoy como hace un par de décadas sigo pensando que es un coste inútil para las arcas públicas, un momento desagradable para el ciudadano que se ve en la tesitura de formar parte de este jurado, una responsabilidad que en un sistema probatorio como el nuestro debería recaer únicamente en los profesionales de la Justicia y una pérdida de tiempo para una Justicia ya lenta.