La cabecera del Tajo

 

En el año hidrológico más seco de la serie histórica registrada, con la cabecera del Tajo almacenando únicamente un 24,21% de su capacidad, la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura da luz verde a un nuevo trasvase en los próximos meses de 76 hectómetros cúbicos de agua del Tajo, siendo el 37,7% de este agua para abastecimiento y el resto destinado para las zonas regables a las que da servicio el acueducto Tajo-Segura. Estupendo. La cuenca del Tajo se deteriora en su situación medioambiental, social y económica sin que pueda ejercer derechos sobre su propia agua, mientras algunos pueblos ribereños necesitan hasta de cisternas en verano para abastecerse. Al tiempo el agua se deriva a Levante y se incumplen o retrasan las obras presupuestadas y adjudicadas por el Estado en la zona. Los PGE han quitado 10,6 millones de euros este año a la obra de abastecimiento a los pueblos ribereños e invierten casi esa misma cantidad en hacer obras en el canal del acueducto. La sensación de los núcleos de población afectados por esta política hidráulica es de absoluta impotencia y discriminación.

 

   Los intereses del Levante priman claramente sobre la despoblada cuenca del Tajo, cuya supervivencia está en peligro y su desarrollo resulta inviable. Hace tiempo, al menos, el Gobierno regional presentaba recursos, aunque de valor simbólico más que efectivo, contra cada trasvase y hace aún más Bono se enfrentaba a González. Ahora la indefensión es total. La Junta de Comunidades no modera los trasvases, no exige que se cumplan plazos e inversiones en las obras de abastecimiento a los municipios ribereños tomando el agua de Morillejo, no urge a que se construya el azud de Sacedón, no hace gesto alguno de comprensión o solidaridad hacia las preocupaciones e inquietudes de la población de la zona de la que es responsable políticamente. Al contrario, el interés de Cospedal parece ser contentar a otros barones del PP, como si le interesara más quedar bien en su partido que los intereses de la región que la votó. La política hidráulica debe ser nacional y única para todo el Estado, pero justa. Suspenso también a los ciudadanos que no protestan en las calles contra una situación que afecta a su desarrollo.