La democracia a juicio

 

  Lo de los indicadores esenciales para la homologación de un sistema de gobierno democrático es, dentro de la conocida separación de poderes, la relación entre el poder ejecutivo y el judicial. Nunca me ha parecido bueno aplicar una misma noción de poder a las tres divisiones clásicas desde Locke y Montesquieu. Se podría decir que son iguales (pues pertenecen a la esencia del Estado) pero también tienen algo de distintos. Esta aparente contradicción se salva con la llamada independencia, en concreto, del poder judicial respecto al ejecutivo, por ejemplo. Y sin embargo, la democracia es el poder del pueblo. Esta dificultad de trasladar o ejercer dicha soberanía popular en la justicia se planteó ya en la democracia ateniense. Cuando un gobernante ocupa, gana o accede al poder, toma también el poder judicial en sus manos.¿Dónde está la separación? ¿Será este el sentido de la llamada acusación popular que recogen los códigos procesales de hoy? Tenemos una justicia (administración) muy politizada, muy mediatizada, muy intervenida, poco independiente. Es uno de los problemas que no han resuelto las democracias modernas.

 

   Ciertamente hay que reconocer que, en los diversos totalitarismos que ha habido en la Europa del siglo XX, los jueces, los magistrados de cada país, fueron el único dique de contención de tanta atrocidad y barbarie cometidas despóticamente por los dictadores de turno. Sucedía lo mismo en las monarquías absolutistas del siglo XVI. Cuántas veces los jueces se convertían en el brazo ejecutor de los mandatos personales del Rey. El canciller Tomás Moro, que se negó a ello por razones de conciencia, fue condenado, enviado a prisión encerrado en la Torre de Londres y ejecutado en la plaza pública pidiendo perdón al verdugo porque con su sangre iba a salpicar y manchar sus vestidos. Pero, por otra parte, tenemos una democracia muy judicializada. Todos los ciudadanos quieren llevar la democracia a juicio. Cada día son más las decisiones de organismos legales y legítimos, privados o colegiados, que han acordado una determinada resolución y que son recurridas y llevadas a juicio ante los tribunales. Muchas veces lo hacen no guiadas por un noble sentimiento o deseo de buscar y encontrar la justicia y la equidad o corregir errores sino por puros intereses electorales y políticos.

 

  Politización de la justicia. Si el poder judicial no puede estar al servicio del poder ejecutivo, tampoco puede estar al servicio del poder de la oposición que la utiliza como obstáculo y contrapoder a la acción de gobierno. Hay muchas organizaciones sociales que recurren a la justicia para interrumpir procesos y realizaciones que repercuten en beneficio de la comunidad pero que, con ello, retrasan el alcance de ese bien común. La acumulación de poder es lo que destruye la democracia. Si los políticos instrumentalizan la justicia, los ciudadanos podemos falsear y vaciar el sentido de la misma apoyándonos en la democracia. No llevemos tantas veces a juicio a la democracia pues repercute en su desprestigio. Pero al mismo tiempo decimos y admitimos que lo primero, en democracia, son los derechos de los ciudadanos. La justicia no puede ser enemiga de la libertad pero la democracia tampoco debe ser un obstáculo para ella.