La deuda de las comunidades

 La economía no sabe de vacaciones, y será por eso, que a pesar del periodo navideño aún nos despertamos cada mañana con una nueva noticia que afecta a las arcas internacionales, nacionales o autonómicas que nos siguen dando algún sobresalto. El turno era, ayer, para la Comunidad Valenciana que tenía que reconocer que desde el Gobierno central se les había tenido que prestar ayuda para hacer frente a lo que definían como “un problema puntual de liquidez”. El caso es que se volvía a poner de manifiesto el problema del endeudamiento que casi todos los gobiernos autonómicos (aunque unos más que otros) han generado en las últimas anualidades. El ejemplo lo tenemos en casa. La Junta de Castilla-La Mancha calculaba a principios de diciembre que el déficit con el que cerraría 2011 sería del 9,7% del PIB. La presidenta María Dolores de Cospedal ha querido, desde que tomase posesión de su cargo, dar ejemplo al resto de España en el difícil y complejo proceso de reducción de la deuda pública. Su Plan de Garantía de los Servicios Sociales de Básicos que supone un ahorro de miles de millones de euros es la mejor prueba de que el Gobierno regional ha cogido el toro por los cuernos. A ello se suma, también, el hecho de que a pesar de que las comunidades autónomas han incrementado la deuda de sus empresas públicas en cerca de 5.400 millones de euros entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, en Castilla-La Mancha se redujo un 43,6% -unos 293 millones de euros- en ese espacio temporal. Se pone así, de nuevo, de manifiesto el problema que implica el endeudamiento autonómico que además ha servido para que el PSOE y el PP se enzarcen, por enésima vez, en polémicas políticas sobre el alarmismo generado entorno al endeudamiento regional o sobre la falta de responsabilidades jurídicas de los anteriores gestores, el equipo de José María Barreda. Sin embargo, lo que ha quedado patente, no sólo en nuestra región, es que ha llegado el momento de revisar el modelo autonómico en nombre de la eficiencia y la racionalización del gasto público.