La Guardia Civil y la libertad de expresión

Bajo el lema 'Por la libertad de expresión, basta ya de represión', muchos guardias civiles venidos de toda España se concentraban ayer ante la comandancia de la capital. El objetivo era denunciar públicamente que 25 de sus representantes, vocales del Consejo de la Guardia Civil y secretarios nacionales y provinciales, han sido expedientados por un sistema que, como ellos mismos aseguran, “quiere acabar con el movimiento por los derechos laborales y sociales de los guardias civiles”. No es la primera vez, ni el primer lugar en el que los agentes salen a la calle para reclamar un derecho asumido ya como implícito por el resto de ciudadanos en una sociedad democrática. El clima actual que se vive en el Cuerpo, no tiene precedentes, la desmotivación, la falta de compromiso del Gobierno, el olvido institucional, o la re-militarización que sufren los guardias civiles son propiciados porque amparándose en la naturaleza militar, no se acompaña a los agentes de las mismas condiciones laborales y profesionales que disfrutan el resto de fuerzas policiales de seguridad. A esta situación se suman las discrepancias surgidas sobre este asunto entre las distintas asociaciones de guardias civiles tras una reunión del Consejo de la Guardia Civil que se celebró en mayo y donde se estudiaron propuestas de regulación normativa de los derechos de los representantes de las asociaciones profesionales. El artículo 7 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, Reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil dispone que los guardias civiles tienen derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario y el secreto profesional. Son éstas y otras excepciones las que propician el conflicto que, sin embargo, viene a poner de manifiesto la necesidad de ofrecer unas mejores condiciones de trabajo, y la de dejar de dejar de refugiarse en el carácter militar para mantener su discriminación con otros cuerpos policiales españoles.