La igualdad en peligro
Está demostrando, en ésta y en otras crisis económicas, que las mujeres se ven notablemente más afectadas por las consecuencias negativas que acarrean los tiempos de recesión económica, entre otras cosas porque parten ya de por sí de una situación más desfavorable en muchos ámbitos, entre ellos el laboral (mayores índices de precariedad, desempleo etc.).
Parecería por tanto razonable que las políticas públicas de Igualdad se reforzasen, o al menos se mantuvieran, durante estas épocas. Sin embargo, son estas políticas las primeras en ser recortadas masivamente, como si la Igualdad entre mujeres y hombres fuese un lujo para tiempos de bonanza, una política de adorno que se pone y se quita. Castilla-La Mancha no se escapa a este análisis, más bien parece un caso paradigmático en este sentido.
Ya se puso de manifiesto cuando, en 2010, entre los primeros recortes del anterior gobierno regional figuraba la supresión del Instituto Regional de la Mujer. La eliminación de este organismo, importantísimo para la coordinación y puesta en marcha de las políticas de Igualdad, habría supuesto un ahorro mínimo; sin embargo enviaba un importante mensaje a la sociedad: las políticas de igualdad son de quita y pon, los logros conseguidos en (las supuestas) épocas de bonanza se ponen rápidamente en tela de juicio cuando (también supuestamente) hay que reducir el gasto público.
La protesta social a través de una plataforma de diferentes organizaciones, de la que también formaba parte CCOO, hizo finalmente retractarse al gobierno regional en su decisión y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha sigue hoy existiendo. Un logro importante para las organizaciones sociales comprometidas con la Igualdad en Castilla-La Mancha.
No obstante, el cambio de gobierno después de que el Partido Popular ganara las elecciones autonómicas en mayo de 2011 no hizo más que empeorar gravemente la situación. El primer indicio claro sobre la importancia que otorga el actual gobierno autonómico del Partido Popular a las políticas de Igualdad fue el hecho de que dejaran al Instituto de la Mujer sin dirección durante más de seis meses, manteniéndolo descabezado e inoperante durante este largo período.
La misma suerte corrió el Consejo Regional de la Mujer que, pese a las demandas constantes de las organizaciones que le conforman, ni siquiera se constituyó después de las elecciones autonómicas incumpliendo su propio reglamento, no habiendo sido convocado hasta el momento. La conclusión es evidente: las políticas de igualdad carecen de interés para el gobierno de Dolores de Cospedal. Y aún más: la participación social en ellas le estorba.
No es de extrañar, por tanto, que las políticas de Igualdad tampoco se escaparan de los durísimos recortes anunciados a partir del mes de noviembre del año pasado. Es más, mientras que se aplica un recorte de alrededor del 25% al presupuesto total para el 2012, los recursos destinados a Igualdad se reducen en más de un 41% para ese mismo período. La Igualdad es considerada como política pública de segunda o tercera categoría. Esa impresión tampoco mejoró ni un ápice cuando finalmente, a principios de diciembre, se nombró a la nueva directora del Instituto de la Mujer.
Más bien al contrario, nos encontramos poco después con otra mala noticia: el cierre de los 85 centros de la mujer y 13 casas de acogida que atienden a las mujeres víctimas de violencia en la región, y que las facilitan información y orientación laboral; realizando al tiempo tareas de sensibilización contra la violencia machista y en pro de la igualdad. Queda patente la trascendencia de esta red de recursos al destacar que sus cerca de 400 trabajadoras prestaron servicios a más de 100.000 mujeres el año pasado. Los centros de la mujer y casas de acogida, financiados en gran parte por la Junta de Comunidades, son gestionados mayoritariamente por los ayuntamientos; a los que se comunicó a mediados de diciembre la no-renovación de los convenios suscritos con la Junta. Ante el anuncio del término de la financiación, algunos ayuntamientos enviaron rápidamente cartas de despido a sus trabajadoras.
El anunciado cierre de la red de los centros de la mujer y casas de acogida habría supuesto un retroceso sin precedentes en materia de Igualdad, lo que hizo saltar la alarma social incluso más allá de las fronteras de Castilla-La Mancha. Finalmente el Gobierno Cospedal se retractó y anunció que no cerraría estos centros sino que cambiaría el modelo de gestión abriéndolo a otros actores, dejando entrever una posible privatización de la red. La orden de convocatoria publicada y abierta se limitó finalmente a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, reduciendo así sensiblemente el número de trabajadoras y trabajadoras de los centros. Además, prevé el cierre de centros en municipios de menor población, que son muchos en Castilla-La Mancha.
Queda por ver en los próximos meses cómo se configurará finalmente el mapa de los centros de la mujer y casas de acogida y qué papel desempeñarán las políticas de Igualdad en general. Lo sucedido hasta el momento, desde luego, no es nada esperanzador. Desde Comisiones Obreras permanecemos muy vigilantes y nos opondremos frontalmente a todo aquello que pueda significar un retroceso en el camino hacia la Igualdad real entre mujeres y hombres en Castilla-La Mancha. Querida Marta descansa en paz.
