La Junta incumple las normas de accesibilidad

Hace pocos días leía en la prensa unas declaraciones del consejero Fernando Lamata en la que afirmaba que “Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de España en políticas sociales y dispone de una amplia red de recursos y dispositivos, gracias al compromiso del Gobierno regional, con el presidente José María Barreda a la cabeza, para que la prioridad máxima de su gestión, junto con la creación de empleo, sea la atención integral a los colectivos más vulnerables, las personas que más lo necesitan y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión”. Sin duda, unas palabras muy bonitas y muy políticamente correctas pero que no reflejan la realidad. El pasado lunes, pude comprobar que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no sólo está ignorando la normativa vigente (Ley regional 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras y Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha), sino que también alardea de trabajar para eliminar las barreras arquitectónicas para beneficiar a discapacitados y personas mayores sin que sea verdad. Como señalaba, el lunes 31 de enero acudí al Conservatorio de Música de Guadalajara para asistir a una reunión convocada pro el Consorcio de Bomberos de la Diputación provincial, un encuentro que se celebraba en la planta superior del edificio. Cuando me disponía a tomar el ascensor para acudir al encuentro me encontré con la ingrata sorpresa de comprobar que este estaba fuera de servicio. Al pedir explicaciones, mi sorpresa se tornó en estupefacción. Me aseguraron que la Junta de Comunidades, responsable de la gestión de este edificio público, había tomado la decisión de cancelar el servicio para ahorrar costes. Increíble. No podía salir de mi asombro.

   El Gobierno regional que alardea a los cuatro vientos que en los últimos diez años ha cuadruplicado la partida destinada a la atención a las personas con discapacidad, dato que también se ha hecho público hace unos días, había prescindido de un servicio elemental en un edificio público. Una instancia pública en la que, además, se imparte docencia y en la que están matriculados 334 alumnos. El ahorro de costes del Gobierno regional forzó una situación penosa en un edificio público. Una situación de esas que hay que desterrar y que son injustificables. Algunos compañeros tuvieron que auparme, cogiendo mi silla de ruedas como se puede ver en la imagen que les adjunto, para vencer el tramo de escaleras que me impedía acceder a la reunión del Consorcio de Bomberos a la que estaba convocado. Con estas palabras quiero expresar mi más enérgica queja como discapacitado y como representante de una institución pública para que jamás una cuestión económica sirva de pretexto para vulnerar el derecho de libre acceso a un edificio público. La accesibilidad universal, no me cansaré de repetirlo, está al alcance de todos y beneficia a todos. No solo es necesaria para los que nos trasladamos en sillas de ruedas, también para las personas mayores, para los convalecientes tras sufrir un accidente o una enfermedad que necesitan muletas, o para las personas que van con carritos de bebé. Por favor, señor Barreda no desande el camino que tanto trabajo nos ha costado a muchos trazar y restablezca un servicio necesario y obligatorio en cualquier edificio público. Ahorre en otras acciones, como en autobombo, que solo tienen beneficio para usted y no limite los derechos de una parte de la sociedad.