La no discriminación de los funcionarios de CLM

 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, castiga al funcionario público por estar enfermo, al establecer una reducción de salario por baja médica no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Con esta ley la paga que recibirá será de un 50% de las retribuciones durante los tres primeros días de baja y el 75% de las retribuciones entre el cuarto y el vigésimo día. Pero nuestro Gobierno regional va aún más allá con ese castigo y tiene regulado para los funcionarios de la Junta de Comunidades condiciones más gravosas.

  Así, los funcionarios docentes, en las situaciones de IT por contingencias comunes, no perciben retribución alguna en los tres primeros días de su baja, cobra el 60% de la retribuciones del 4.º al 10.º día y el 75% del 11.º al 20.º día. Por otro lado el RD citado, publicado por el Gobierno nacional, recoge que las comunidades autónomas podrán establecer excepciones en la reducción salarial por baja médica, entre las cuales se deberán incluir, al menos, las bajas por hospitalización y la intervención quirúrgica.

  Pero nuestro Gobierno regional no ha regulado nada al respecto, no queriendo acogerse a los márgenes de mejora permitidos por el RD, a pesar de las peticiones de convocatoria inmediata de la Mesa general de los empleados públicos y de las miles de firmas recogidas a instancias, entre otros, de la Federación de Sindicatos de Enseñanza y sanidad FSES (ANPE y SATSE).

  ANPE reclama que se deje de hacer culpable al funcionario del déficit y que se deje de cargar injustamente sobre los funcionarios docentes castellano-manchegos las consecuencias de la pésima situación económica, que le está haciendo retroceder escandalosamente en sus condiciones salariales y laborales, anulándoles arbitrariamente derechos conseguidos durante largos años de negociación.