La normalización de la morosidad

En este país la mala costumbre de no pagar se ha convertido en una lamentable rutina. Normalizado el hecho de la morosidad de las administraciones, el resto de deudores, a imagen y semejanza, se convierten en una cadena, que transformada en espiral ha acabado con miles de empresas y autónomos de nuestro país. De ahí la relevancia del Plan de Pago a Proveedores que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y cuyo plazo para presentar facturas de los ayuntamientos finalizaba hace una semana. Miles de millones de facturas han salido de los cajones mostrando las vergüenzas de muchos de los consistorios que han gastado sin orden ni concierto, lo que tenían y lo que no tenían a costa de la financiación de las empresas que les prestaban esos servicios. Nada más y nada menos que 17.000 millones de euros es el importe aproximado de las facturas presentadas por las haciendas locales. Y es que hay casos escandalosos como el del municipio zamorano de Peleas de Abajo, el más endeudado de España, cuya deuda supera los cuatro millones y medio a pesar de contar solo con 260 vecinos. En Guadalajara no se dan ese tipo de ejemplos aunque los municipios del Corredor, los más grandes de la provincia, acumulan un débito que ronda los 10 millones. Caso a parte es el de la ciudad, que a pesar de presumir de ser buena pagadora, y ser la capital de provincia menos morosa, atesora una deuda de seis millones que se reparten en 150 facturas pendientes. Una vez aflorada la morosidad ahora los ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces. Mientras tanto la espera, desespera, y la llegada del 1 de mayo, momento en el que se ha marcado el inicio de los pagos se convierte en un tortura para los muchos proveedores que ven como se agotan sus reservas. Sólo unos 75.000 autónomos, directa o indirectamente, padecen los impagos públicos, a los que hay que sumar otro buen número de pymes y grandes empresas. Ya queda menos para que lleguen los pagos aunque más allá de ese saneamiento, este plan va a servir para fomentar, la necesidad de transparencia en la administración.