La Plataforma de Justicia teme que los registros civiles dejen de ser públicos y gratuitos

 

  Plataforma sindical Unitaria de la Administración de Justicia convocó la semana pasada concentraciones de protesta a las puertas de los distintos registros civiles para manifestar su rechazo frontal al anteproyecto de ley que pretende atribuir dichos registros a los registradores de la propiedad. Guadalajara se sumó también a esta protesta y lo hará también en las que se desarrollen después de Semana Santa, tal y como cuenta Carlos Loscertales, el presidente de la Junta de Personal y delegado de CCOO. “Se trata de un anteproyecto que pretende privatizar los registros civiles que hasta ahora eran servicios gratuitos y públicos para convertirlos en un negocio que se va a gestionar en los registros de la propiedad”, explica Loscertales.

 

  Esto se traduciría en que, mientras que inscripciones obligatorias como los nacimientos, matrimonios, defunciones o constituciones de tutela, supuestamente seguirían siendo gratuitas, otras se cobrarían “conforme arancel”, tal y como señala el propio anteproyecto de ley. Es decir, todo el papeleo relacionado con la expedición de certificaciones literales, que hasta la fecha son gratis, tendría un coste.

 

   Esta documentación es variada, ya que oscila entre una declaración de herederos, hasta la expedición de un título, una licencia de caza, un permiso de conducir o una demanda de separación. Además de la repercusión para el ciudadano, existen otras consecuencias, tales como que “toda privatización de servicios públicos supone un traslado de recursos públicos a manos de empresas privadas como, en este caso, los registradores de la propiedad y mercantiles” o como que “los puestos de empleo público se tendrán que amortizar por culpa de esto, y son 3.500 en todo el país”.

 

   De ellos 11 trabajan en Guadalajara capital, además de los que ofrecen el servicio en otros municipios de la provincia como Azuqueca, Alcolea, Jadraque… Otra de las cuestiones que critica la Plataforma Sindical Unitaria de la Administración de Justicia es que “sus retribuciones (más de 10 veces superior a las de cualquier médico, juez, fiscal o abogado del Estado) difieren completamente de los del resto de personal de la función pública”. Loscertales interpreta que “han hecho presión para no ver disminuidos sus recursos económicos porque ya no hay tantas hipotecas, declaraciones de obra nueva…”. Por todos estos motivos, exigen la retirada del anteproyecto y que los registros civiles sigan siendo un servicio público ofrecido por el personal de la Administración de Justicia.