La Reforma de la Administración Local implicará pérdidas de liberaciones en la provincia

 

  El alcalde de la capital y diputado nacional del PP, Antonio Román, ha valorado la incidencia que tendrá el Anteproyecto de reforma de la Administración Local aprobado por el Consejo de Ministros. Según sus cálculos, unos diez de los 67 ediles que actualmente cobran de los ayuntamientos tendrán que renunciar a sus liberaciones en caso de que el proyecto se apruebe de forma definitiva tal y como está. Entre todos, destaca el caso de Yebes, donde el Ayuntamiento tendría que prescindir de tres de sus concejales liberados y de dos miembros de la plantilla de personal eventual. También en Pioz contarían con tres liberaciones de más y en Azuqueca, apuntó el diputado nacional, se deberían reducir entre dos y uno. En Cabanillas del Campo, Torija y Loranca sobraría una liberación.

 

  Otro punto al que hizo referencia Román fue el del límite establecido a los sueldos de los alcaldes. Según explicó, todavía no se ha decidido si el tope máximo será de 70.000 o 100.000 euros, aunque tomó esta última cifra como referencia. Los alcaldes podrán cobrar un porcentaje del mismo en función del número de habitantes que tenga su municipio. En el caso de Marchamalo, Román calcula que el alcalde debería reducirse el sueldo un 25 por ciento, en torno a 8.000 euros. El secretario de Organización del PSOE, Rafael Estaban, también ha apuntado que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) será “la institución de la provincia más afectada por la reforma”.

 

  Según explica, de aprobarse el texto tal como salió del Consejo de Ministros, el presidente de la MAS, Jaime Carnicero, se vería obligado a despedir los tres asesores que actualmente tiene en este organismo, con sueldos que suman 130.000 euros anuales. También ha destacado que de los 80 liberados que tiene el PP entre ayuntamientos, Diputación y mancomunidades hay casos como el del alcalde de Cogolludo, “el mejor pagado de la provincia”, ya que tiene un sueldo de 28.000 euros por una dedicación parcial a un pueblo con 600 habitantes. “Dedica más del 3 por ciento del presupuesto total del Ayuntamiento a pagarse su propio salario público”.

 

  El portavoz del Ayuntamiento de Azuqueca, José Luis Escudero, ha recordado a Román que el alcalde azudense, Pablo Bellido, cobró el pasado año 20.000 euros menos de lo que plantea la ley. “No estamos dispuestos a recibir lecciones de quien cada año se embolsa más de 100.000 euros cobrando de todos los sitios de donde puede, como hace Antonio Román”. También apunta que, según el Anteproyecto de Ley, en Azuqueca podría haber una persona más de las que existen en la actualidad ocupando cargo de personal eventual. “Siempre hemos sido muy comedidos y esto es una prueba de ello”. Por último, respecto al hecho de que deberían prescindir de un concejal, Escudero manifestó que el suyo “es el único Ayuntamiento de la provincia donde la oposición tiene tres concejales liberados”.

 

   Los objetivos de la reforma El alcalde de la capital destacó los tres objetivos que persigue la reforma. El primero es aclarar las competencias de cada Administración para evitar duplicidades. Garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, ya que el Ministerio de Hacienda evaluará a los ayuntamientos y su capacidad de gestión. Esto también permitirá quitarles las competencias impropias y, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, obligarles a delegar las que no puedan prestar de manera eficiente en las Diputaciones. Por último, facilitar el control financiero de las administraciones públicas. Respecto a las acusaciones del PSOE, donde consideran que la intención final es privatizar servicios públicos, Román asegura “que la reforma potencia la gestión pública directa”. Precisamente, el secretario de Política Municipal de los socialistas, Julio García, ha expresado sus críticas al Anteproyecto.

 

  En concreto, García critica la situación en la que deja a los municipios de menos de 20.000 habitantes que, según explicó, podrán ser despojados de sus competencias. “Diputación, por mayoría simple y con un informe de la Junta, puede quitar a unos de estos ayuntamientos los servicios que presta”. El también diputado provincial asegura que el anteproyecto abre la puerta a la privatización de servicios municipales, “porque la Diputación no tiene la estructura necesaria para prestarlos”. Esto, a su vez, provocará que “el servicio termine costando más a los ciudadanos”. Además, advierte que los ayuntamientos perderán todas sus competencias en materias como servicios sociales, por lo que considera que quieren a los consistorios “intervenidos y vacíos de competencias”.