La reforma de las administraciones

 

 

El anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local enfrenta a las diferentes formaciones políticas que ven la forma de ejecutar la misma desde ópticas diferentes. El viernes pasado fue Izquierda Unida quien pidió directamente la retirada del anteproyecto registrando en la Subdelegación un manifiesto en defensa de la autonomía municipal. Entienden que los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, necesitan financiación y no que sus competencias sean ejercidas por otras administraciones, perdiendo parte de su función y sentido. El servicio se verá resentido, piensan. Sin embargo, lo importante para el ciudadano es que ese servicio sea prestado, sea por quien sea, de la manera más eficaz posible y también con el menor gasto para su bolsillo. No debemos olvidar que todos los funcionarios de las diferentes administraciones y los políticos que las dirigen (en los ayuntamientos muchos no cobran) son pagados a través de los impuestos que de manera, en muchos casos, excesiva y abusiva hacen pagar a los ciudadanos. Las diferentes maneras de entender como se debe acometer esta racionalización tendente a evitar las duplicidades de competencias entre las distintas administraciones y a clarificar quién debe prestar cada servicio, precisa del acuerdo entre los políticos.

 

  Solo el consenso en el modo de dibujar cómo se administrará el Estado puede evitar el caos de las posteriores reformas y contrarreformas de este texto legislativo que conducirían a la falta de eficiencia, pérdida de tiempo y confusión, como ha ocurrido con la Educación donde nunca hubo ese reclamado pacto nacional y tantas barbaridades se han cometido por unos y otros políticos cuando en el juego de la democracia se alternan en la responsabilidad de gobernar. Esta semana vamos a celebrar el bicentenario de una administración que siempre hemos entendido imprescindible para esta provincia. Alcaldes y diputados serán homenajeados. También es momento de reflexión para alcanzar un acuerdo de mínimos que permita administrarnos mejor y a menor coste.