La señora Cospedal, el PP, lo público y los sindicatos más representativos

Aterrizó hace unos años en Castilla-La Mancha la señora Cospedal (aunque le haya declarado la guerra a algún aeropuerto de la comunidad autónoma). Se le asignó nuestra región y se le puso al frente del PP, eso sí tras la elección formal en su proceso congresual. Le pusieron sillón, despacho y sueldo -¡qué sueldo!. Y, hala, a hacerse notar, porque otra cosa es hacerse valer, mejor dicho valer para opositar, valer para gobernar.

    El PP está contento, tiene una señora Presidenta, se ausentan de las Cortes regionales, en una táctica de desplantes antisistema, y desprecian la interlocución con las organizaciones que no sean de su cuerda, de su ideario político. Olvidan que para opositar y gobernar, hay que respetar el orden democrático, el estado social y de derecho que representan, en nuestro ordenamiento, otras instituciones y organizaciones sociales que cimientan y sostienen la democracia. El absolutismo y el despotismo no son buena carta de presentación; no son, ni deben ser, reclamo electoral; y no deben ser hoja de ruta en la pretensión de convertirse en mandataria de la comunidad autónoma. En una democracia avanzada, el diálogo, la participación y el respeto a otras partes, a las diferencias y a las diversas ópticas de hacer y entender las cosas, son fundamentales para no empobrecer el modelo social, ni a la ciudadanía.

   En Castilla-La Mancha atravesamos difíciles momentos, críticos, porque la dura crisis económica, que se inició fuera de las fronteras de nuestro país, nos ha atravesado como flecha envenenada que emponzoña más a quienes tienen modelos productivos más débiles. Aquí intentamos, de común acuerdo gobierno, empresarios y sindicatos, con el Pacto por Castilla La Mancha –tras un proceso de debate abierto y constructivo, del que se ausentó el PP- que los efectos sean menores. Y eso no le importa ni a la señora Cospedal, ni al PP; es más: lo reprueban sin alternativas. Los últimos datos de la contabilidad nacional sobre el PIB y la productividad, conocidos recientemente, nos radiografían la delicada situación económica, pero destacan que el sector servicios crece por encima de la media nacional, al igual que el sector de las energías que se muestra mucho más dinámico. Conviene, por ello, detenerse a leer el dato positivo del sector servicios que tiene que ver por el crecimiento notable de los servicios públicos; es decir, el papel dinamizador aplicado desde la iniciativa pública ha sido determinante y ha jugado un papel anticíclico para paliar el desajuste productivo de la iniciativa privada.

   Así pues, el empleo público y las inversiones públicas, que son determinantes siempre, lo son mucho más en tiempo de crisis y de contención del crédito de las instituciones financieras. Sin el papel del estado y de las autonomías, sin su capacidad de intervención, se quebrarían más las posibilidades de recuperación y se minaría la cohesión social. La señora Cospedal tiene recetas y las esconde, las guarda en su rebotica. Si tuviera soluciones certeras y realizables, el pueblo llano, la región, se lo agradecería; nos evitaría sufrimiento y paro. Pero parece que sus intenciones son más bien artificiosas y, cuándo concreta, resulta que se quiere cargar a una numerosa plantilla de empleados públicos –no explica el cómo, el cuándo ni el porqué, como diría la canción-. Parece que sus intenciones externalizadoras, o sea dar los servicios públicos a la iniciativa privada, al negocio puro y duro, es su mejor receta. Esa política no es moderna, ni es garantía de mejor servicio, ni de ahorro, ni mayor eficiencia, ni de calidad.

   Eso es, sencillamente, renunciar al papel de lo público, que es un factor de equilibrio y de cohesión, en favor de los intereses de los que más tienen –como ella-. Esa política forma parte del histórico postulado conservador de cambiar el “estado del bienestar” por la “sociedad del bienestar”, que no son la misma cosa; porque, en esta última, no se garantizan prestaciones igualitarias sino que las compra quien tiene recursos, porque las ofrece el sector privado con ánimo de lucro. Y, en todo esto, la señora de Cospedal, que tiene recetas y recetas, no se aplica alguna para curarse la urticaria que tiene a los sindicatos de clase, que son los que tienen ganada la consideración constitucional de ‘más representativos’. Que se avenga a entender que en la Constitución Española, en nuestra democracia, se nos asigna un papel esencial para defender los intereses que nos son propios, al igual que a las organizaciones empresariales. Claro que la señora de Cospedal aportó muy poco para construir una sociedad más igualitaria, más justa, más libre, más participativa, y sólo los que realizamos el esfuerzo sabemos el valor de las cosas, que no el precio –que es distinto-.