Llega a su fin la huelga de los letrados de la administración de justicia

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop han firmado este martes un acuerdo –que incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes– para poner fin a la huelga que mantenía el cuerpo de funcionarios desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.
    “Hemos firmado y, por tanto, ha concluido la huelga de letrados”, ha señalado en declaraciones a la prensa Juan José Yáñez, miembro del equipo negociador de los LAJ, al tiempo que ha asegurado que tras la firma de este martes “todos” tienen una “sensación agridulce” porque para llegar a este acuerdo “ambas partes” han tenido que “renunciar a aspectos importantes”.
    Una sensación que constata Luis Gómez Loeches, delegado en Castilla-La Mancha de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), al señalar que ha sido un “acuerdo moderadamente satisfactorio”, que ha servido para desbloquear el conflicto pero con el que no se consiguen todas las reivindicaciones, por lo que hay que seguir trabajando para solucionar las cuestiones salariales y estatutarias pendientes, y para ello se han convocado grupos de trabajo para el próximo 10 de abril.
    Gómez Loeches ha destacado y agradecido la intervención del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que considera determinante para el desbloqueo de las negociaciones, y se ha mostrado satisfecho por el fin de un conflicto que ha calificado de “indeseable para todos, incluso para los huelguistas” y lamenta la falta de voluntad que ha mostrado el Ministerio de Justicia en todo este proceso.
    El acuerdo firmado finalmente entre el comité de huelga y el Ministerio fue ratificado mayoritariamente en las asambleas, con el voto favorable del 76 por ciento.
    Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una que se pagará en julio de 2023 con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024.
    Los paros indefinidos han supuesto a nivel nacional la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones. Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga “podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo”.