Los otros desahucios
Que nadie se lleve ahora a engaño. La alcaldesa de Barcelona en parte porque así lo han querido sus conciudadanos y en parte por la deriva de Convergència Democràtica de Catalunya ya declaró nada más tomar posesión del cargo que algunas leyes de nuestro ordenamiento jurídico no le gustaban y que, por tanto, no pensaba acatarlas, siguiendo el ejemplo del todavía presidente de la Generalitat. A la señora Ada Colau tampoco le gustaba nada tener de testigo en el salón de plenos del Ayuntamiento el busto del Rey Juan Carlos I y por eso lo ha guardado en una caja. ¿Pondrá en su lugar el busto de su hijo, actual Jefe de Estado? Tampoco. No vaya a ser que la tilden de facha y monárquica. ¿Estaría obligado a ello? Es posible, pero nadie va a atreverse ni siquiera a planteárselo. Además, ella vive al margen de la legislación vigente, como Artur Mas. A la señora Colau no le parece bien que en el actual callejero de Barcelona figuren personalidades poco afines a sus postulados políticos y ya está preparando el relevo, colocando nombres de signo político contrario. Quiere rescatar del baúl de los recuerdos a los héroes de la Semana Trágica y a los olvidados líderes republicanos que tanto lucharon por una Barcelona libre. Y, para empezar, nada mejor que desahuciar ella que tanto ha luchado contra los desahucios al Rey que devolvió a Cataluña los derechos históricos y la democracia. Estas han sido algunas de las primeras actuaciones políticas de la señora Colau, después de haber aplazado para más adelante la limitación de turistas en la Ciudad Condal, una de las grandes fuentes de riqueza de la capital catalana. Lo que está ocurriendo en Barcelona, y lo que empieza a vislumbrarse ya en Madrid..., o lo que puede ocurrir pronto en Valencia, es pura y simplemente una vulneración de las normas. De esas leyes que permiten garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y al mismo tiempo asegurar la normalidad democrática: una sociedad libre, donde las personas puedan defenderse ante cualquier arbitrariedad y donde se respeten los derechos y las obligaciones que figuran en nuestro ordenamiento jurídico. Mal vamos si el Rey tiene que reclamar el cumplimiento de las leyes a quienes juran y prometen cumplirlas cuando acceden a su cargo.