Los socialistas acusan a Cospedal de aumentar los costes a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio

28/06/2013 - 13:35 Redacción

  El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha aprobado una nueva regulación del servicio de ayuda a domicilio que aumenta de manera muy significativa el coste para los usuarios, lo que inevitablemente les obligará a reducir las horas de atención que reciben y repercutirá en pérdida de empleos entre el personal encargado de prestarlo. Así lo ha denunciado hoy el secretario de Organización del PSOE de Guadalajara y alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, tras calificar esta como una “semana negra” para los servicios públicos esenciales de Guadalajara.
 
 
 “Hemos conocido que en el Hospital se cierran camas y faltan incluso jeringuillas y gasas, que se van cerrar otros dos colegios el próximo curso y ahora también que habrá nuevos recortes en las ayudas para las personas que no pueden valerse por sí mismas en las tareas cotidianas”, ha subrayado. Esteban ha explicado que, a partir de ahora, los más de 1.200 usuarios de ayuda a domicilio que hay en Guadalajara tendrán que pagar 20 euros mensuales y, además, los dependientes deberán abonar tres euros por hora de prestación.
 
   A modo de ejemplo, ha señalado que solo por dos horas de servicio al día el coste mensual rondará los 200 euros. “Esto se suma al pago por las medicinas o por otros servicios como la teleasistencia, que también eran gratuitos y ahora ya cuestan entre ocho y 18 euros al mes a personas que a menudo cobran pensiones entre 400 y 600 euros”, ha indicado. Esteban ha expresado su indignación por esta nueva agresión “contra la gente más indefensa, que no puede ni siquiera protestar en la calle porque tiene dificultades incluso a veces para levantarse de la cama”, y ha reivindicado la herencia de los gobiernos del PSOE en un servicio esencial que era extraordinariamente valorado, pero se ha ido deteriorando desde que Cospedal gobierna en Castilla-La Mancha. Cerca de 2.000 empleos perdidos en el sector desde que gobierna Cospedal Lo cierto es que el servicio de ayuda a domicilio se prestaba de manera universal y prácticamente gratuita hasta entonces.
 
  Sin embargo, ya a finales de 2011, Cospedal impuso una reducción del 50% en el número de horas costeadas por la Junta de Comunidades para usuarios no dependientes, que los ayuntamientos se vieron obligados a compensar con un esfuerzo adicional para no perjudicarles. Esteban ha indicado que, desde que gobierna el PP, se ha reducido el presupuesto regional más de un 30%, desde los 50 millones de 2011 a menos de 34 en este año.
 
   Como consecuencia, se han perdido cerca de 2.000 empleos en el sector. Cospedal quiere que los ayuntamientos carguen con la culpa de los recortes El concejal de Cohesión Social e Integración del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, José Luis Escudero, ha coincidido en señalar que “al Gobierno de Cospedal no le importa absolutamente nada la gente más vulnerable”, y ha pedido a la presidenta regional y al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José Ignacio Echániz, que expliquen a todos los usuarios “por qué toman estas medidas y cómo va a repercutir en ellos”, en vez de esconderse para “hacerles creer que los ayuntamientos son los culpables de la reducción del servicio”.
 
   También ha criticado la improvisación del Gobierno regional, que acaba de hacer pública la nueva regulación y tan solo concede 12 días a los ayuntamientos para adaptarse, un plazo claramente insuficiente, puesto que exige entrar en contacto personal con cada usuario para comunicarle las nuevas condiciones de prestación y también la celebración de plenos municipales para dar el visto bueno. Escudero se ha preguntado quién va a pagar las prestaciones desde el 1 de julio hasta que se formalicen los nuevos convenios, que pueden tardar varios meses.
 
   Por eso, se ha quejado de la inseguridad financiera que crea a los ayuntamientos y también la inseguridad jurídica, en caso de que los ayuntamientos tengan contratado el servicio con empresas, como ocurre con Azuqueca o la propia capital. Igualmente, se produce una inseguridad laboral para el personal que presta el servicio. Tanto Escudero como Esteban se han quejado, además, del retraso en los pagos del Gobierno regional, que este año no ha puesto todavía un solo euro y también adeuda parte de las aportaciones de años anteriores, más de 120.000 euros en el caso de Marchamalo, según ha indicado el alcalde de esta localidad.