Manifiesto en defensa de los empleados y servicios públicos
13/09/2012 - 21:32
Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos convencidos de que la crisis económica en la que España está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de manera deficiente por los sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizan en todos los ámbitos de la administración. Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los colectivos de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados públicos desacredita a servicios públicos esenciales para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal cualificado. Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo después de demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una sencilla cuestión de rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia del empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos. Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de 38.500 millones de euros.
La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones adicionales.
La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los cinco mil millones de euros en España.
La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos ni sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y no aportar soluciones. Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este manifiesto, conscientes de que no se puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de los ciudadanos, exigimos a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los empleados y servicios públicos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes en el número de efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y sociales de los empleados públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizan en todos los ámbitos de la administración. Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los colectivos de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados públicos desacredita a servicios públicos esenciales para la sociedad como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal cualificado. Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo después de demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una sencilla cuestión de rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia del empleado público ante la ejecución de las diversas políticas y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público, que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos. Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en que se encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de 38.500 millones de euros.
La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones adicionales.
La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los cinco mil millones de euros en España.
La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro en el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su capital máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a hacer recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben las declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos ni sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y no aportar soluciones. Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este manifiesto, conscientes de que no se puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de los ciudadanos, exigimos a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los empleados y servicios públicos.
