Periodismo

22/11/2013 - 00:00 Pedro Villaverde Embid

 
   
  En fechas recientes la Casa Real decidió no acudir a la Justicia sino a la FAPE para quejarse del tratamiento informativo recibido en un medio digital sobre la convalecencia del monarca y su posible viaje a Panamá. Al parecer dicha noticia, que no leímos, caía en cierto sensacionalismo y daba a entender lo que no había. La pasada semana, de nuevo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, a la que pertenece la Asociación de la Prensa de Guadalajara, emitió un comunicado para rechazar el modo de informar sobre el crimen de Cifuentes de una televisión pública por considerarlo ofensivo para la víctima y en general para las mujeres que sufren violencia de género. Sin entrar en el fondo de estas dos noticias confeccionadas por compañeros periodistas y en principio siempre respetables dentro de la libertad de expresión que ampara la Constitución, surge de nuevo el debate de hasta dónde y cómo se debe escribir o hablar sobre aquello que el ciudadano tiene derecho a conocer. La democracia sin libertad de verdad para los periodistas estaría viciada, manipulada, podrida. Los medios de comunicación son su mejor garante.
 
  Los periodistas deben contar lo que hay y también tienen el derecho y la obligación de valorar e interpretar la realidad sin mezclar información con opinión, a veces complicado, pero para eso los periódicos tienen sus páginas de editoriales y colaboradores. Igualmente deben dar a sus lectores u oyentes puntos de vista más amplios o diferentes de las noticias para distinguirse y ofrecer algo más que el resto de compañeros que trabajan en otros medios. Sin embargo no pueden en ese ejercicio traspasar los límites del respeto a la intimidad y a los derechos fundamentales de las personas, ni tampoco confundir o alterar la realidad, pues una verdad mal comunicada desvirtúa el mensaje que debería llegar y puede crear convicciones y opiniones equivocadas. Libertad de expresión, de investigación, de análisis, de interpretación, siempre, pero con los límites que marca el propio sentido común, la intuición, la credibilidad que un medio serio debe ofrecer. La función del periodista constituye un servicio público que debería considerarse un derecho fundamental. Por ello debe prestarse con profesionalidad y rigor.