Por el derecho a una vivienda

   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocaba ayer a la ciudadanía a una manifestación para denunciar y poner sobre la mesa la situación que se genera con los desahucios. Esta asociación, que se presentaba este verano, iniciaba así una serie de acciones con las que pretende sacar a la luz el drama que implica tener que dejar, por imperativo legal, el domicilio habitual. Según la Plataforma se contabilizan 200 desahucios diarios en todo el país desde el año 2007. Y el informe presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les da la razón: los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles marcaron un récord histórico en el primer trimestre del año al elevarse a 15.491, un 36,3 por ciento más que el mismo período del año anterior. Desde que comenzó la crisis, más de 300.000 ejecuciones hipotecarias han tenido lugar en España. Los afectados superan el millón de personas puesto que cada ejecución no afecta solo al núcleo familiar, sino también a los avalistas, en muchas ocasiones los propios padres. Estas personas se enfrentan al drama de la crisis, que les ha dejado sin trabajo o ha menguado sus ingresos y al de no poder pagar una hipoteca que les puede dejar sin vivienda. Es entonces cuando descubren que en nuestro país la ley condena a una deuda de por vida. Por ello, los afectados reclaman un cambio en la Ley Hipotecaria, promover la conocida como hipoteca americana, la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social o parar los desahucios de las familias hipotecadas y avalistas hasta encontrar una solución a su situación. Pero el mercado manda. Por eso, a través de la movilización en la calle, lo que se busca es que los políticos cambien su agenda de cara al 20-N e incluyan entre sus propuestas una alternativa que evite que miles de familia sufran las consecuencias de esta crisis globalizada. La manifestación no era tan solo una movilización de los afectados por la hipoteca, sino una apuesta por el derecho a la vivienda en todo el estado.