Rechazada la creación de un servicio de asesoramiento contra abusos hipotecarios

La portavoz socialista, María Antonia Pérez León, ha defendido la necesidad de ofrecer un servicio de este tipo recordando que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares acaba de ponerlo en marcha y ha recibido en apenas dos semanas más de medio millar de consultas, que han dado origen a cerca de un centenar de demandas, en su mayoría relacionadas precisamente con las cláusulas suelo. De hecho, los concejales del PP de esta localidad sí respaldaron con sus votos la propuesta del alcalde, Pablo Bellido. Pérez León ha subrayado que el Ayuntamiento de Azuqueca también está atendiendo a numerosos vecinos de otras localidades del entorno, lo que justifica plenamente que la Diputación se haga cargo de crear una oficina de ámbito provincial.

“El alcalde de Azuqueca tiene claro que no se va a negar información a cualquier ciudadano que la necesite, aunque sea de otro pueblo, pero también es verdad que la Diputación no puede quedarse al margen ante una demanda que se ha demostrado tan amplia. No podemos olvidar que Guadalajara es una de las provincias donde más se ha construido en los últimos años y son muchas las familias que podrían recuperar un dinero cobrado de manera indebida”, ha señalado. Además de ofrecer asesoramiento sobre las cláusulas suelo, la moción planteada por el Grupo Socialista pedía también que la Diputación suscribiera un convenio con el Colegio de Abogados para intermediar e incluso ejercer la defensa jurídica en casos de desahucio.

La experiencia acumulada hasta ahora en otras provincias ha demostrado que esta fórmula permite evitar numerosas situaciones de desahucio y abaratar de manera muy significativa los costes del proceso, tanto para los ciudadanos afectados como para la administración. Los datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía revelan que el 68% de los casos se ha resuelto con éxito en el servicio de intermediación creado por el Ayuntamiento de Tarrasa, la primera localidad que empezó a ofrecerlo.

En todos ellos se han logrado acuerdos favorables para los deudores, como dación en pago o alquiler social. Además, los costes han sido muy bajos. Mientras que un proceso judicial puede costar en torno a 6.000 euros –sumando lo que le cuesta al ciudadano y el gasto que supone también para la administración de justicia–, con estas oficinas de intermediación la administración que sustenta el convenio solo ha tenido que pagar una media de 166 euros por expediente resuelto, y no ha habido coste alguno para los usuarios.